Ciencia políticaJ. Gili, 1903 - 185 pàgines |
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Passatges populars
Pàgina 140 - A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras fnnciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
Pàgina 135 - La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitución y á las leyes.
Pàgina 117 - Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer matrimonio con persona que por la ley esté excluida de la sucesión á la Corona.
Pàgina 142 - Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que han de tener sus individuos.
Pàgina 37 - El hombre está naturalmente ordenado a vivir en comunidad política, porque no pudiendo en la soledad procurarse todo aquello que la necesidad y el decoro de la vida corporal...
Pàgina 104 - Cuerpo, lo más pronto posible, para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los Diputados ser procesados ni arrestados, durante las sesiones, sin permiso del Congreso, á no ser hallados in...
Pàgina 116 - Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona y á la Regencia ó Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitución y las leyes; Segunda. Elegir Regente ó Regencia del Reino y nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.
Pàgina 116 - El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
Pàgina 119 - Todos los años presentará el Gobierno á las Cortes el presupuesto general de gastos del Estado para el año siguiente y el plan de contribuciones y medios para llenarlos, como asimismo las cuentas de la recaudación é inversión de los caudales públicos, para su examen y aprobación.
Pàgina 56 - En verdad, aunque la Iglesia juzga no ser lícito el que las diversas clases y formas de culto divino gocen del mismo derecho que compete a la religión verdadera, no por eso condena a los encargados del Gobierno de los Estados, que ya para conseguir algún bien importante, ya para evitar algún grave mal, "toleren" en la práctica la existencia de dichos cultos en el Estado.