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al mejor servicio público, exponiéndolo á la diputacion provincial, sin cuyo consentimiento no tiene validez la remocion ( 1 ). Al mismo tiempo que la secretaría del ayuntamiento, ejerce la del alcalde (2). .

Para la mejor expedicion de los asuntos, se forman, especialmente en las poblaciones grandes, secciones ó comisiones entre las cuales se distribuye el trabajo (3).

Los síndicos tienen voto como los demás concejales, y llevan la voz del comun para pedir lo que crean conveniente ante el ayuntamiento, el alcalde, la · diputacion ó el jefe político, é interviene y censura cuanto toca á la administracion é inversion de fondos y al repartimiento de las contribuciones. En su defecto hace sus veces el último regidor (4).

En las funciones públicas corresponde la presidencia al jefe político, y si este no asiste, al alcalde; y cuando concurre la diputacion provincial, tiene esta lugar preferente al ayuntamiento ( 5 ). En ninguno de estos actos puede el secretario ir incorporado con los concejales, sinó con los demás empleados, en el órden que por su categoría le toque (6).

(1) Art. 60 idem.

2) 220 idem. Las obligaciones de estos secretarios pueden verse en los art. 64, 65, 66, 220 y 222 idem.

(3) Art, 75, 76, 77 y 79. idem.
(4) Art. 78.
(5) Art. 285 de la ley de 1823.
(6) Real órden de 21 de junio de 1837.

TITULO SEGUNDO.

DE LA SUBORDINACION DE LOS ALCALDES AL GOBIERNO, Y DE LA COMUNICACION DE LAS LEYES Y

ORDENES GENERALES.

CAPITULO I.

De la subordinacion de los alcaldes al gobierno.

Aunque los alcaldes reciben directamente su cargo de los pueblos que los eligen, y no de la corona, á quien como centro de ejecucion debiera corresponder su nombramiento, se hallan sin embargo subordinados a la accion suprema del poder ejecutivo, por medio del jefe político de la provincia, bajo cuya inspeccion ejercen su ministerio ( 1 ).

Cuando tienen que dirigirse á S. M. como presidentes de los ayuntamientos, como protectores de la seguridad pública ó como encargados de cualquiera otro negocio gubernativo, deben hacerlo por conducto del jefe político de la provincia; pero si

(1) Art. 183 de la ley de 3 de febrero de 1823.

sus exposiciones contuviesen queja contra esta autoridad superior, pueden dirigir un duplicado de ellas al ministerio de la gobernacion de la península, sin perjuicio de las que pasen á dicho jefe ( 1 ).

Los vecinos y demás interesados que se sientan agraviados por las providencias de los alcaldes en los negocios políticos y gubernativos, pueden hačer sus recursos á dicha autoridad superior politica (2): y si alguna persona quisiere remitir sus instancias por conducto del alcalde, tiene este obligacion de darles curso, siendo responsable por su morosidad (3).

Como subordinados á dicho jefe deben los alcaldes obedecer y ejecutar las órdenes que les comunique, y seguir con él la correspondencia periódica que les prevenga, dándole todas las noticias y avisos que pida (4). Por su desobediencia ó falta de respeto pueden los mismos alcaldes ser multados por dicho superior hasta en la cantidad de mil reales, además de quedar sujetos a las penas prescritas por las leyes de policía y buen gobierno (5).

La misma subordinacion tienen los ayuntamientos respecto de las diputaciones provinciales (6).

osidad ( bados á dich Ordenes

(1) Reales órdenes de 18 de mayo de 1834, y 13 de abril de 1835.

(2) Art. 209 de la ley de 3 de febrero de 1823.
(3) Art. 210 de la misma ley. , '
(4) Art. 211 idem.
(5) Art. 239 idem.
(6) Art. 73, 82 y 178 de la misma ley. .

CAPITULO II.

De la comunicación y publicacion de las leyes

y órdenes generales.

Las leyes y disposiciones generales del gobierno son obligatorias para cada capital de provincia, desde su publicacion en el boletin oficial de ella, y desde cuatro dias despues para los demás pueblos de la misma (1). Pero no es preciso para dər cumplimiento á los reales decretos, órdenes é instrucciones, que estos se inserten en dicho periódico, pues publicándose en la gaceta bajo el artículo oficial, son obligatorios para toda clase de personas, y es deber de los alcaldes apresurarse á cumplirlos, en la parte que les corresponda, sea cual fuere el ministerio por donde se expidan (2). Por esta razon los ayuntamientos de los pueblos cabeza de partido ó de numeroso vecindario, cuyos fondos comunes lo permitan , estan obligados a

- (1) Ley de 3 de noviembre de 1837, circulada en 28 del mismo. Para las islas en cuyo recinto esté situada la capital de ellas, se entiende la publicacion desde el dia en que se inserten las leyes en el boletin oficial; y para los pueblos de las otras islas en que no está la capital, así como para las posesiones de Africa desde que se recibe en ellas la comunicacion oficial. Real órden de 14 de setiembre de 1839.

(2) Real orden de 22 de diciembre de 1836.

suscribirse á dicho periódico; y en retribucion tienen derecho á que se inserten en él gratuitamente los avisos y anuncios cuya publicacion les interese ( 1 ).

Pero el medio mas directo de notoriarse las leyes y disposiciones generales, es el boletin oficial de cada provincia, en el cual tienen al mismo tiempo las autoridades un conducto seguro por donde hacer notorios los bandos, acuerdos y órdenes que interesen al público. Con este objeto los editores estan obligados á remitir este periódico todos los correos franco de porte á los ayuntamientos de la provincia, y á remediar prontamente y sin costo, cualquier falta ó extravío que ocurra; y á fin de que nunca pueda servir de ercusa, para dejar de cumplir las comunicaciones que se les dirijan , el no haberlas recibido, estan numerados todos los boletines, debiendo los alcaldes reclamar del respectivo editor por el correo inmediato, el número ó números que hubieren faltado. Si aquel no lo verificase, debe dirigirse queja al jefe político para que sea reconvenido y se remedie el defecto; y no haciéndolo así el alcalde, queda responsable, como si hubiese recibido la comunicacion (2).

Para que esta se realice por el espresado medio, estan los ayuntamientos obligados á suscribirse á dicho boletin por trimestres, semestres ó por todo

(1) Real órden de 2 de junio de 1837.
(2) Real órden de 20 de abril de 1833.

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