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329.

Administracion de montes y demás bienes de una comunidad. Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Zamora y el Juez de primera instancia de la capital, con motivo de haber arrendado la junta de la comunidad de Castrotorafe los pastos de los montes que a la misma pertenecian; y se resuelve:

1.° Que a pesar del carácter oficial que notoriamente corresponde así á la junta de una comunidad como á los actos de la de. que se trata, no puede decirse en vista del silencio de las disposicio. nes legales, respecto de la aprobacion del Gefe politico é intervencion del comisario de montes, que tienen pena determinada los abusos manifiestos de no haber arrendado los aprovechamientos de los montes de la comunidad en la forma debida;

2. Que tampoco incurre en ninguna pena por no haber adoptado la forma de la subasta ni escluido varios tallares acotados; • Y 3.o que en estos casos no procede mas correccion que la disciplinar por parte de la Administracion (Coleccion legislativa.1850.—Tomo 50, núm. 22.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Zamora y el Juez de primera instancia de la capital, de los cuales resulta: Que para obviar los inconvenientes que se originaban de tener que reunir los ayuntamientos de Piedrahita, Fontanillas, San Cebrian, Olmillos, Perilla de Castro y Villalva de Lampreana pará determinar lo conveniente sobre la administracion de los montes y demás bienes de lo que constituye la llamada Comunidad de Castrotorafe, se estableció con autorizacion del Géfe político y conocimiento del Gobierno, una junta compuesta de los síndicos de los Ayuntamientos de dichos pueblos, con el espresado objeto de que administrase los bienes y fondos de aquella comunidad; y como esta Junta procediese á mediados de 1849 á arrendar los pastos de dichos montes, fué denunciada por su comisario de la provincia ante el referido Juez de primera instancia por la triple circunstancia de que en estos arrendamientos no se habia dado á dicho comisario la intervencion debida, no se habia obtenido la aprobacion del Gefe politico y se habian comprendido tres distintos tallares acotados en debida forma segun aviso publicado en el Boletin oficial: Que por el resultado de las diligencias que se acompañaron a la denuncia , y de las que mandó practicar el Juez en su aplicacion, se dirigió este al Gefe político de la provincia para que en atencion al carácter público ú oficial que reconocia en dicha Junta le concediese la competente autorizacion para procesarla; mas como dicho Gefe tuviese en sus oficinas dos espedientes, uno general sobre reformas en la administracion de los montes de la comunidad nombrada, en el que estaba determinado el modo como debian aprovecharse sus pastos en lo sucesivo, y otro particular promovido por la Junta sobre este incidente de la denuncia del comisario, creyó que no tratándose sino de fallas de formalidad, que realmente existian, en el cumplimiento de lo que se dispu.so á consecuencia del primero, le estaba reservado su represion, dando á dicha Junta el carácter de Ayuntamiento é invocando el artículo 81 párrafo ΤΟΝΟ 1.

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6.° de la ley orgánica de estos cuerpos; por cuyo motivo requirió al Juez de inhibicion, resultando la presente competencia:

Visto el espresado artículo 81, párrafo 6.° de la ley de 8 de enero de 1845, por el cual corresponde á los ayuntamientos deliberar, conformandose a las leyes y reglamentos, sobre plantio, cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques del comun la corta, poda y beneficio de sus maderas y leñas; no pudiendo llevarse á efecto los acuerdos que tomen sobre el particular sin la aprobacion del Gefe político, ó la del Gobierno en su caso:

Vistas las ordenanzas generales de montes de 22 de diciembre de 1833 en los artículos que siguen; el 63, que manda verificar en subasta pública precisamente toda venta ordinaria ó estravrdinaria en los montes de la Direccion, so pena de nulidad, y de incurrir en una multa mancomunada de tres á quince mil reales los comisarios que la hubiesen impuesto, y el comisionado ú otros agentes que hubieren intervenido, determinándose en los articulos siguientes las diligencias que se han de practicar en dicho remate; el 109, segun el cual las mismas formalidades prescritas para la subasta de las cortas se han de observar para las ventas de la bellotera , montanera, sin otra diferencia que la de que para estas subastas solo se han de fijar los edictos en el pueblo donde resida el comisario del distrito y en los comarcanos al monte; el 117 que manda arrendar ó vender en subasta en la forma y con las precauciones señaladas para la bellotera y montanera, los pastos y yerbas arrendables ó vendibles dentro de los montes encargados à la Direccion general; el 145 y siguientes hasta el 162, que tratan de la policía comun á todos los montes del Reino , y la particular de los dependientes de la Direccion; y el 186 hasta el 198; relativos a las penas, ninguno de los cuales comprende el caso en cuestion:

Visto el artículo 1.o del Real decreto de 6 de julio de 1845, que encarga á los Gefes políticos en sus respectivas provincias el buen régimen, conservacion y beneficio de los montes de propios, comunes y establecimientos públicos:

Visto el reglamento de 24 de marzo de 1846 para los empleados en el ramo de montes y plantios en los artículos que siguen: el 23, segun el cual los comisarios han de dar su dictámen sobre los convenios que los ayuntamientos verifiquen para el aprovechamiento y usufruto de sus montes; el 27, que encarga á los comisarios la inspeccion por si, ó por medio de sus subalternos, el señalamiento de cuarteles para el pasto, bellotera y montanera en los montes de propios y comunes, debiendo dar parte al Gele político de cualquier abuso que advierta en esta operacion, protestando en el acto contra ella:

Visto el Código penal en el artículo 22, por el que no se reputan penas las multas y de nás correcciones que los superiores impongan á sus subora dinados en uso de su jurisdiccion disciplinar.

Visto el artículo 3.", párrafo 1.o del Real decreto de 4 de junio de 1847, que prohibe á los Gefes políticos provocar competencias en los juicios criminales, á menos que el delito ó falta sea de los que la Administracion debe castigar por sí en virtud de lo dispuesto por la ley:

Considerando: 1.° Que reconocido por el mismo Juez de primera instancia el carácter oficial que notoriamente corresponde, así á la Junta como á los actos de que se trata, atendida la ley de 8 de enero de 1845 en el artículo y párrafo citados, la cuestion está reducida á si los abusos manifiestos de no haber arrendado los aprovechamientos de los montes de la comunidad en la forma debida, tienen ó no pena determinada en las leyes:

2.° Que esta cuestion aparece resuelta en sentido negativo por el silencio que en el punto de la aprobacion del Gefe político é intervencion det comisario guardan las citadas disposiciones de la ley de 8 de enero de 1845, el Real decreto de 6 de julio del misino año y el reglamento de 24 de marzo de 1846; debiendo decirse lo mismo respecto del otro estremo de no haber adoptado la forma de subasta y escluido los tallares acotados, porque ni lo comprenden los artículos 145 á 162 y 186 á 198 de las ordenatizas de montes Lainbien citadas, ni el 117 de las mismas se estiende á la represion del 63, sino que se concreta á exigir las formalidades de que con relacion á este habla tambien esclusisamente el 109 de su inmediata referencia:

3.° Que por lo mismo no procediendo mas correccion que la discipligar á falta de penalidad espresa, es fundada la reclamacion del Gobernador en virtud de los citados artículos 22 del Código penal, y 3.', párrafo 1." del Real decreto de 4 de junio de 1847;

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Palacio á 1.o de mayo de 1850.--Está rubricado de la Real mano. El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

330.

Falta de peso en la sal comprada del Alfolí. Se decide á favor de la Administracion la competencia suscita da entre el Intendente de Rentas de la provincia de Cádiz y el alcalde de la capital, con motivo del parte dado por el celador de la pescadería acerca de las faltas de peso que los freidores de pescado ha. bian advertido en la sal comprada en el alfolí; y se resuelve:

1.° Que el carácter de venta pública, propio del artículo de que se trata, no permite que se atribuya á la Hacienda, ni á sus agentes oficiales la consideracion de traficantes en los actos de su administracion, y por lo mismo son inaplicables al caso actual los púrrafos 2.o y 3o, articulo 470 antiguo del Código penal;

2.° Que no pudiendo considerarse la sal como mantenimiento, es inaplicable tambien al caso presente el párrafo 6.o del art. 482 tambien antiguo;

Y 3.° que a falta de disposicion espresa aplicable al asunto, no puede invocarse sino la jurisdicion disciplinar, esceptuada por el artículo 22 del mismo Código y atribuida para casos de esta naturaleza á los Gobernadores de provincia (Coleccion legislativa.1850.- Tomo 50, núm. 23.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Intendente de Rentas de la provincia de Cádiz y el alcalde de la capital, de los cuales resulta: Que por este último se puso en conocimiento de aquella autoridad el parte en que el regidor de mercados le habia hecho' saber, con referencia al celador de la pescadería, que se habian ofrecido varios casos de hallar faltas de peso las porciones de sal que los freidores de pescado habian comprado en el alfoli; en vista de lo cual el Intendente dispuso que

tomasen las noticias conducentes para esclarecer el hecho, resultando de ellas que no habia habido defraudacion: Que antes de que el Intendente lo manifestase así al alcalde, denunció ante este dicho esceso el promotor fiscal del distrito, invocando el Código penal en el artículo 482, ahora 485, párrafo 6.o (segun se colige de sus escritos posteriores), y citado a juicio

encargado del alfolí, el Intendente resolvió entre otras cusas reclamar el conocimiento del asunto, de donde provino este conflicto:

Visto el Código penal en los artículos que siguen: el 470 antiguo, párpafos 2.° y 3.o que castiga como faltas en los tralicantes el tener medidas ó pesos falsos, aunque no hayan defraudado con ellos, y el uso de medidas 6 Besos no contrastados; el 482 antiguo, párrafo 6.°, que reputa tambien fal

a la defraudacion del público en la venta de mantenimientos en la cantidad nor valor que esceda de cinco duros; el 22, segun el cual no se reputan nenas la separacion ó suspension de los empleados públicos, acordada por Gas Autoridades gubernativas en uso de sus atribuciones, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan á sus subordinados en uso de su jurisdiccion disciplinar:

Vistos la lev 5.", título IX, libro 6.o de la Novísima Recopilacion; los artículos 0.07 16 del Real decreto de 23 de mayo de 1845; el artículo 16, nárrafos 7.• j 23 de la instruccion de la misma fecha; el artículo 1.o del Real decreto de 28 de diciembre de 1849, y la circular del 29 del mismo, los cuales atribuyen á los Intendentes, y hoy á los Gobernadores de provincia. Ja vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones respectivas de todos los empleados y la correccion de las faltas que cometan en este particular con multas y la suspension de empleo y sueldo:

Visto el artículo 3.', párrafo 1.o del Real decreto de 4 de junio de 1847, que permite a los Gefes políticos provocar competencia en los juicios criminales, cuando el castigo del delito ó falta de que se trate esté reservado por la ley á la Administracion:

Considerando: 1.° Que el carácter de venta pública, propio del articulo de que se trata, no permite que se atribuya a la Hacienda, ni por lo mismo'a sus agentes oficiales, la consideracion de traficantes en los actos de su administracion, resultando en consecuencia inaplicables al caso aclual los párrafos 2.° y 3.o citados, artículo 470 antiguo del Código penal:

go que esto mismo debe decirse del otro artículo 482 tambien antiquo, en el párrafo 6.°, igualmente citado, porque tampoco puede considerarse la sal como mantenimiento;

30 Que á falta de otra disposicion espresa aplicable al asunto no puede invocarse sino la jurisdiccion disciplinar, esceptuada por el artículo 22 del mismo Código, y atribuida para casos de esta naturaleza á los Gobernadores de provincia por la ley recopilada, el Real decreto é instruccion de 23 de mayo de 1845, el Real decreto de 28 y circular de 29 de diciembre de 1889, en la parte que respectivamente se determina al tiempo de citarlos, procediendo en consecuencia la escepcion que al hacerlo del Real decreto de 4 de junio de 1847 se halla espresa:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Palacio á 1.o de mayo de 1850.-Está rubricado de la Real mano.- El Ministro de de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

331.

Usurpacion de un terreno comun.-Se decide á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Lugo y el Juez de primera instancia de Mondoñedo, con motivo de haber Vicente Bao, vecino de Foz, hecho tales novedades en la tierra que poseía junto al mar, que impedian á sus convecinos la servidumbre de depósito y acarreo de alga por la misma; y se resuelve:

1.° Que cuando no se halla establecido el depósito y acarreo del alga ó de cualquiera otro abono para las tierras en favor de un campo determinado, sino en general para abonar los de un térmi110 parroquial, es claro que no se trata de una servidumbre de parlicular á particular, sino de olra que es pública;

como un camino vecinal de segundo órden, ó ya simplemente como una servidumbre pública, puede el alcalde adoptar la providencia de restablecerla cuando algun particular impida su uso (Coleccion legislativa.—1850.— Tomo 50, núm. 24.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Lugo y el Juez de primera instancia de Mondoñedo, de Jos cuales resulta: Que el capataz de caminos de la parroquia de Nois hizo presente al alcalde de Foz en 15 de setiembre de 1849 que el vecino Vicente Bao habia hecho tales novedades en la tierra que poseía junto al mar, en el sitio denominado Docampon, que los convecinos de la parroquia no podian continuar usando de la serviduinbre que gozaban de inmemorial de depositar en dicho prédio y acarrear desde él y por él el alga que estraían del mar para abonar sus tierras, sobre lo cual dispuso el alcalde que dicho capataz restableciese el camino con la gente de su cuadrilla, de cuya providencia dió cuenta al Ayuntamiento el 21 del mes referido, siendo aprobada por el mismo: Que cumplida la orden por el capataz, terraplenando una zanja, arrancando los postes y cadena y removiendo los demás estorbos que impedian sacar el alga depositada y continuar su acarreo, acudió Bao al Juez de primera instancia referido en 29 de octubre inmediato; y concedido por este el interdicto de amparo, acudió el capataz al alcalde, y este al "Gefe político de la provincia por quien fué provocada y ha sido formalizada, siendo ya Gobernador, la presente competencia:

Visto el Real decreto de 7 de abril de 1848 en el artículo 1.o, párrafo 2.o, que declara caminos vecinales de segundo órden los que interesando á uno ó mas pueblos a la vez, son no obstante poco transitados por carecer de un objeto especial que les dé importancia, y en el artículo 14, párrafo 2.', que pone estos caminos bajo la direccion y cuidado de los · alcaldes:

Vista la Real órden de 17 de mayo de 1838, que en su disposicion 5.a encarga á los alcaldes y Ayuntamientos impidan el cerramiento, ocupacion ú otro embarazo de las servidumbres públicas destinadas al uso de hombres v ganados, que en ningun caso pueden ser obstruidas:

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839, que declara improcedentes

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