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En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Intendente de Leon y el Juez de primera instancia de Valencia de D. Juan, de los cuales resulta: Qne entre las tierras compradas por D. Frutos Maria Sanchez en 1848, procedentes de la encomienda de San Juan de Leon y Mayorga, en el término de Villibañe y Vallejo, se balla un trozo de valle llamado Canal de la Iglesia y Cacho de Picon, en el cual procedió dicho comprador á la planta de chopos; mas comprendiendo esta plantacion parte del camino que conduce desde dicho pueblo de Villibane al de Villadangos, y un trozo de pradera considerada y aprovechada hasta entonces como del comun del primero de estos pueblos, un alcalde pedáneo se dirigió al Gefe político de la provincia para que dictase las medidas convenientes, á fia de que dispusiese lo necesario para el reintegro de dicha usurpacion: Que por esta autoridad se acordó que acudiese el alcalde de Valdebimbre a los tribunales ordinarios á entablar la demanda de despojo en el juicio sumarísimo de posesion; y verificado asi, y proveido el amparo por el referido Juez de primera instancia, le requirió de iubibicion el mencionado Intendente, á escitacion del comprador, fundado en la disposicion 4.' de la Real órden de 25 de noviembre de 1839: Que en vista del exhorto del Juez declarándose competente, resolvió aquella autoridad que los peritos que habian verificado la tasacion para la venta pasasen al lugar de la contien. da, y teniendo a la vista el espediente y antecedentes de dicha tasacion manifestasen si el terreno en disputa y que actualmente poseía el comprador era el mismo que lasaron y deslindaron, y evacuada la diligencia afirmativamente, espresando los peritos que su deslinde y tasacion lo habian fundado en la declaracion de los llevadores y en un apeo general de la encomienda de 1777, insistió el Intendenle, y resultó la presente competencia :

Vista la disposicion 4.* de la Real órden de 25 de noviembre de 1839, que declara puramente gubernativos los espedientes sobre la subasta y venta de bienes nacionales mientras que los compradores no estén en plena y efectiva posesion, y terminada la misina subasta y venta con todas sus incidencias, en cuyo estado los compradores se hallan en el ejercicio del pleno dominio, y los bienes en la clase de particulares, y en él pueden ya los jueces ordinarios de primera instancia admitir los recursos y demandas relativos á dichos bienes, y á las obligaciones, servidumbres ó derechos á que puedan estar sujetos:

Considerando: 1.° Que no habiendo duda alguna sobre la cabida y liaderos del terreno vendido á D. Frutos María Sanchez, ni por consiguiente diligencia que aclarar ó determinar en el espediente de subasta, fué perfecta y completa la posesion que se le dió de dicha encomienda, en virtud del pago del primer plazo y otorgamiento de la escritura, quedando por este acto consumado el contrato:

2.° Que en tal estado las cuestiones que se susciten entre el comprador y otro tercero sobre la pertenencia ó estension del dominio de la finca corresponde resolverlas a la autoridad judicial, con arreglo a la disposicion 4.* de la Real órden citada:

3.° Que el interés notorio que tiene la Hacienda en tales casos por la eviccion ó saneamiento á que está sujeta será una razon para que se reserve a un juzgado privativo el conocimiento y fallo del pleilo, que el Intendente podrá reclamar como subdelegado, mas no para que se resuelva por la vía gubernativa:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia contra el Intendente. Dado en Palacio & 7 de marzo de 1850.-Está rubricado de la

Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de Sane,

Luis.

321.

Arbitrios con destino á partidas de escopeteros.-Se decide a favor de la Administracion la competencia sus-, citada entre el Gefe político de Badajoz y el Juez de primera instancia de Don Benito, con motivo del interdicto propuesto ante el mismo contra cierto arbitrio acordado por el Ayuntamiento de esta villa; y se resuelve: . 1Que cuando un particular trata de poner en tela de juicio la justicia intrinseca de un acuerdo municipal en su parte de aplicacion, dehe acudir á la Administracion misma y no al Juez de primera instancia por medio de un interdicto;

Y 2.o que la razon de que una providencia administrativa ofende ó menoscaba el derecho de propiedad no legitima el uso de los interdictos, sino solo el recurso á la Administracion misma, ó el correspondiente juicio ordinario ante la autoridad judicial (Coleccion legislativu.-1850.— Tomo 49, núm. 14.). • En el espediente y nutos de competencia suscitada entre el Gefe politis co de Badajoz y el Juez de primera instancia de Don Benito, de los cuales, resulta: Que para la mayor seguridad de los caminos en la feria que se. celebra del 7 al 10 de setiembre de cada año en esta villa, dispuso su. Ayuntamiento á principios del de 1848 que se estableciesen partidas de escopeteros que recorriesen dichos caminos en el término dei distrito, y protegiesen detenidamente ciertos parajes peligrosos; y para atender a este, gasto creó (salva la aprobacion del Gefe político) el arbitrio de un tanto por cada puesto que se colocase fuera de los zaguanes y paredes de las casas: Que el dueño de una de las de la plaza, D. Pedro García de Paredes, creyó perturbada su posesion y violado el derecho de propiedad por el acto de haber cobrado el Ayuntamiento dicho arbitrio á los que establecieron sus puestos en los portales que tiene dicha finca, alegando entre otras, consideraciones que constantemente habian percibido. los dueños ó inquilinos la remuneracion que á los feriantes exige por dichos puestos; con cuya queja acudió al referido Juez de primera instancia para que le otor-, gase el interdicto de amparo: Que antes que este lo acordara fué reque-, rido de inhibicion por el Gefe político mencionado, quien despues, en vista de las consideraciones en que se fundaba la declaracion que de su competencia hizo el juzgado, desistió de la suya: Que acordado el amparo de posesion acudió el Ayuntamiento de nuevo al Gefe político, y este pasó una comunicacion al Juez manifestándole las razones por que creía el asunto de su atribucion, y que no debia haber desistido de la competencia anterior, concluyendo por intiinarle la inhibicion; sobre lo cual, oidos la parte y el ministerio fiscal, proveyó dicho Juez que en virtud de lo dispuesto por el párrafo 3.o del Real decreto de 4 de junio de 1847 no procedia la competencia nuevamente provocada, y que se llevase á efecto el auto de amparo: Que comunicada esta resolucion al Gefe político, y espuestas por el mismo en contestacion varias reflexiones, especialmente sobre que su ofi,

cio no crea un nuevo requerimiento sino una aclaracion del desistimiento y acerca del estremo de continuar las actuaciones, determinó el Juez que se remitiesen los autos al Ministerio de la Gobernacion, cuya providencia fué apelada por la parte, y declarada sin efecto por la Sala segunda de la Audiencia de Cáceres, mandando al Juez que la dictase de nuevo con arreglo al Real decreto antes citado: Que en cumplimiento de este fallo lo dió el Juez de primera instancia admitiendo la competencia, y mandando remitir los autos con suspensión de todo procedimiento, cuya providencia fué confirmada por la Sala referida en virtud de apelacion del interesado, verificándose dicha remesa, y tambien la del espediente por el Gefe político:

Visto el párrafo 7.', articulo 81, de la ley de 8 de enero de 1845, que declara atribucion de los Ayuntamientos deliberar, conformándose a las leyes y reglamentos, sobre la creacion de arbitrios municipales y modo de su recaudacion; debiendo comunicarse los acuerdos que tomen sobre el particular al Gefe político, sin cuya aprobacion, ó la del Gobierno en su caso, no pucden llevarse á efecto:

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839, que prohibe la admision de interdictos posesorios contra providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materias de su legal atribucion:

Considerando: 1.° Que el reparo opuesto por D. Pedro García de Paredes al acuerdo del Ayuntamiento de Don Benilo, no fué ni pudo ser que versaba sobre cosa de que no se hallaba encargado por la ley, cuando tan terminante y aplicable al caso es la de 8 de enero de 1845 en el artículo y párrafo citados, sino que era injusto en cuanto se estendia al terreno que constantemente se habia respetado, y él habia aprovechado como parte del área de la casa, y de consiguiente de la esclusiva pertenencia y libre disposicion de su dueño:

2.° Que por lo mismo fué la justicia intrínseca del acuerdo en esa para te de aplicacion lo que Paredes quiso poner en tela de juicio, para lo cual debió acudir á la Administracion misma y no al Juez de primera instancia, porque á este no le permite la Real órden citada que interponga su autoridad en forina de interdicto en caso de tal naturaleza:

3.° Que la razon de que una providencia adıninistrativa ofende ó menoscaba el derecho de propiedad no legitima el uso de los interdictos, sino solo el recurso á la Administracion misma, ó el correspondiente juicio ordinario ante la autoridad judicial, conforme á la citada Real órden:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Palacio á 15 de marzo de 1850.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde · de San Luis.

322.

Deslinde y amojonamiento.-Se decide con cierta limitacion á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Toledo y el Juez de primera instancia de Escalona, con motivo de haber procedido este á peticion del representante del Duque de Frias á deslindar y amojonar sobre doscientas fanegås que este posee en el término de dicha villa; y se resuelve :

1. Que estando reservado á la Administracion el fijar los lími. tes de los terrenos de propios en la parte que confinan con los de particulares, no puede consentirse este apeo al Juez de primera instancia;

Y 2. que á la autoridad judicial quedan reservadas á su debido tiempo las cuestiones de servidumbres y demás relativas a la propiedad, y el apeo mismo de los terrenos en la porcion que no linda precisamente con montes de propios (Coleccion legislativa.-1850.- Tomo 49, núm. 15.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador

los cuales resulta : Que á peticion del representante del Duque de Frias se procedió por dicho Juez al deslinde y ainojonamiento de sobre 200 fanegas que aquel posee en el término de dicha villa y sitio llamado de los Cascajales, concurriendo al acto, entre otros, el teniente de alcalde de la misma por lindar aquellas por una parte con pertenencia de propios, cayo teniente de alcalde contradijo las diligencias luego que le fueron comunicadas, acudiendo despues al Gobernador mencionado en solicitud de licencia para continuar litigando : Que esta autoridad, lejos de concederla, re

Jey de 2 de abril de 1845; enterándose despues, en virtud de informes mas amplios pedidos al ayuntamiento de Escalona, que además del reparo que por él se habia opuesto ante el Juez de que el apeo se había verificado sin exhibirse y tener à la vista los títulos de pertenencia del Duque, no le era posible consentir aquella diligencia, en primar lugar porque siendo la propiedad del Duque solo de 106 fanegas, segun constaba en el catastro, el apeo comprendia 300, siendo el esceso de 194 en perjuicio de los propios é intereses del comun; y en segundo lugar porque con el deslinde quedaria privado el vecindario del aprovechamiento de herbajes, bellota y monte que viene disfrutando de tiempo inmemorial, como que le fué concedido en todo el término y aldea de su tierra y jurisdiccion por D. Alfonso en 1465, confirmándolo el mismo en el año siguiente y D. Enrique en el de 1470, y de hecho en los últimos años se ha subastado con la debida autorizacion un carboneo en los montes de dichas tierras del Duque y otras contiguas: Que sustanciado el artículo de competencia, no se opuso por el ministerio fiscal ni por las partes que la pertenencia de propios con que linda por una parte la del Duque fuese tierra llana y no monte, en el sentido legal de esta palabra, sino que adujeron otras consideraciones para negar que

presente, opinion que fué adoptada por el Juez y produjo el presente conflicto:

Visto el párrafo 7.', artículo 8.o de la ley do organizacion y atribuciones de los Consejos provinciales, por el cual corresponde a estos cuerpos oir y fallar, cuando pasen á ser contenciosas, las cuestiones relativas al deslina de y amojonamiento de los montes que pertenezcan al Estado, á los pueblos ó a los establecimientos públicos, reservando las cuestiones sobre la propiedad a los tribunales competentes:

Visto el artículo 20, párrafo 2.° del reglamento de 24 de marzo de 1846, que declara incumbencia de los comisarios de montes proceder al deslinde y amojonamiento de los del Estado, propios y comunes de los establecimientos públicos, con sujecion al reglamento especial de la materia: Visto este, reglamento, que es la instruccion de 7 de abril del mismo · año, cuyo artículo 1.o declara atribucion de los Geles políticos, como

encargados de la Administracion civil en sus respectivas provincias, el deslinde de los montes del Estado, y de los que conlinan con ellos en todo ó en parte, ya pertenezcan a los propios y comunes, ya á las corporaciones y establecimientos públicos, ó ya á los particulares; y en los artículos 12 y 13 se espresa que, en el caso de que en estos deslindes hechos por la Administracion no se avengan las partes disidentes á escitacion del comisario, ni se conformen con la resolucion gubernativa del Gefe politico, podrán usar de su derecho ante los Consejos provinciales, quedándoles reservadas para otra clase de juicio las cuestiones de propiedad, cuyas cuestiones, sin embargo, no podrán llevarse á los Jueces de primera instancia a cuya jurisdicion pertenezcan los montes, sin que antes se halie concluido y resuelto el espediente gubernativo sobre su pertenencia, deslinde y amojonamiento:

Considerando 1.° Que apareciendo espresamente alegado y tácimente concedido que la pertenencia de propios de Escalona con que contina por una parte el terreno deslindado es monte, no puede ponerse en duda la aplicacion que tienen al caso presente las disposiciones que se acaban de citar, pues es de toda evidencia que el apeo del Juez dejaria fijados los límites de dicho monte por el punto en que conlina con el espresado terreno, lo cual está reservado á la Administracion:

2.° Que esta no obstante no puede decirse que ha reclamado, ni le está cometida por la ley la resolucion de todas las cuestiones que promueve el Ayuntamiento de Escalona, sino únicamente la fijacion de los límites del monte de sus propios ó el apeo de los terrenos del Duque en el trozo esclusivamente que confina con el mismo, por cuya razon debe reservar a la autoridad judicial á su debido tiempo las cuestiones de servidumbre y demás relativas a la propiedad, y el apeo mismo de los espresados terreaus en la porcion restante que no linda con montes precisamente de dichos propios: i Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia con la limitacion referida a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 20 de marzo de 1850.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde le San Luis.

323.

· Apeo y deslinde.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscilada entre el Gobernador de la provincia de Ciudad-Real y el Juez de primera instancia de Almagro, con motivo de haber procedido este último al apeo y deslinde de un cortijo de propiedad particular confinante con terrenos baldios y de encomiendas; y se resuelve: · 1.° Que la circunstancia de ser de propiedad particular la finca que se trata de deslindar, sea ó no montuosa en la acepcion legal o en la comun de esta palabra, no es obstáculo para que cuando confina por todos lados con montes públicos le sean aplicables las disposiciones que rigen sobre estos;

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