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decide a favor de la autoridad judicial del ramo la competencia suscitada entre el Gefe político de la Coruña y la Subdelegacion de Cruzada de la diócesis de Santiago, con motivo de haber sido declarado responsable el alcalde de Padrón del alcance que resultaba contra D. Domingo Villaverde, como deposilario de bulas de la misma villa; y se resuelve:

1.° Que es indisputable la obligacion que tienen los Ayuntamientos y los alcaldes de concurrir à la distribucion y recaudacion de las bulas:

2.° Que la dependencia y subordinacion inmediata que el artículo 73 de la ley de Ayuntamientos establece entre el alcalde y el Gefe politico no puede entenderse sino respecto de los ramos de la Administracion que no tengan una organizacion especial, y su autoridad superior provincial separada;

Y 3.o que en este caso se halla la Subdelegacion de Cruzada, no solo como tribunal para juzgar los asuntos del ramo, cuando pasen á ser contenciosos, sino como autoridad superior provincial gubernativa, con facultad para proceder en esta vía, como en los asuntos ordinarios de Hacienda está autorizada á proceder la superior provincial en esta materia (Coleccion legislativa.—1850.Tomo 49, núm. 9.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de la Coruña y la Subdelegacion de Cruzada de la diócesis de Santiago, de los cuales resulta; Que en virtud de despacho mandado librar por estii Subdelegacion en 20 de marzo de 1849, el receptor veredero D. Domingo Antonio Cueto procedió á hacer efectiva en los muebles y bienes de D. Domingo Villaverde, como depositario de balas de la villa de Padron en 1847 v 1848, la suma de que resultaba en descubierto; y no habiendo podido realizar sino una parte muiy insignificante del alcance, prévia la protesta de costumbre, remitió las diligencias al tribunal, por el cual fue declarado responsable de la cantidad restante el alcalde presidente del Ayuntamiento del Padron en enero de 1848 D. Francisco Aguirre, mandando se le oficiase antes de todo procedimiento: Que habiendo este espuesto en 28 de junio las razones por qué consideraba improcedente la responsabilidad que queria exigirsele, las desestimó el tribunal, mandando en 8 de agosto se le requiriese de pago en el término de diez dias so pena de ejecucion, dentro de cuyo término propuso Aguirre la declinatoria a favor de la Administracion, y poco tiempo despues el mencionado Gefe político á excitacion del Ayuntamiento de dicho pueblo, provocó la presente competencia, fundado en que caso de haber incurrido el alcalde en responsabilidad (le que le creía exento por no formar número la obligacion de que se trata entre las impuestas á dicha autorided por la ley de Ayuntamientos), él era solo quien podia exigirsela con arreglo á la nueva organizacion administrativa:

Visto el artículo 73, párrafo 4.° de la ley de 8 de enero de 1845, por el cual corresponde al alcalde, como delegado del Gobierno bajo la autoridad inmediata del Gefe político, desempeñar todas las funciones especiales que les señalen las leyes, Reales órdenes y reglamentos sobre reemplazos del ejército, beneficencia, instruccion pública, estadística y demás ramos de la Administracion:

Visto el artículo 81, párrafo 14 de la misma ley, que declara atribucion de los Ayuntamientos deliberar sobre los asuntos y objetos no comprendidos en los párrafos anteriores que determinan las leyes y reglamentos:

Visto el artículo 16 del presupuesto general de ingresos de 23 de mayo de 1845, por el que se dispuso que las demás contribuciones, impuestos y derechos en el comprendidos, entre los cuales se hallaban los de Cruzada é indulto cuadragesimal, continuasen cobrándose por las reglas establecidas en las leyes que para ellos regian:

Vistos los artículos 2.° y 5.o del Real decreto de la misma fecha, segun los cuales constituye la Administracion central de la Hacienda pública, entre otras olicinas, la Comisaría general de Cruzada; debiendo este ramo continuar rigiéndose por su reglamento especial, salva la sujecion en sus operaciones de contabilidad á las reglas de centralizacion establecidas ó que se establecieren, y á las disposiciones de la Contaduría general del Reino:

Vista la ley ?, título 11, libro 2.o de la Novisima Recopilacion en el suplemento, por la cual los Subdelegados de Cruzada, usando de la autoridad eclesiástica y Real de que se hallan revestidos para facilitar, bajo las órdenes del Comisario general, la distribucion de los sumarios de lit Santa Bula y la recaudacion del importe de su limosna, deben entre otras cosas juzgar en primera instancia todos los asuntos contenciosos que ocurran acerca de la administracion de dicha gracia:

Vista la ley siguiente, que dispone que donde los administradorestesoreros no se hubieren encargado de repartir los sumarios á los fieles por sí ó por medio de personas de su eleccion y confianza, los Concejos y justicias en cada un año, por el tiempo en que suelen elegir lus oficiales de Concejo, ó á lo inedos antes que se publique la Bula en el pueblo, nombraran entre sus vecinos y moradores los que juzguen apropósito para el espresado repartimiento, y de competente abono para responder de la limosna de los sumarios que distribuyeren in los fieles; en el supuesto de que ha de ser de cuenta y riesgo de dichas justicias el referido nombramiento, y tambien el perjuicio que se originare de omitirlo:

Visto el artículo 9.o de la ley de 2 de abril de 1845, que escluye del conocimiento de los Consejos provinciales todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administracion civil, para los cuales establezcan las leyes juzgados especiales:

Considerando: 1.° Que hallándose notoriamente en vigor las leyes recopiladadas que se han cilado, puesto que han sido corroboradas por la referencia que á las mismas hace la ley y Real decreto citados tambien de 23 de Mayo de 1845, es igualmente indisputable la obligacion que en virtud de la misma ley de Ayuntamientos tienen estos y los alcaldes de concurrir á la distribucion y recaudacion de este ramo; pues respecto de aquellos procede el mandato de una ley, que es lo que requiere la misma en el artículo 81, párrafo 14 citados, y en cuanto á estos, formando dicho producto otro de los ingresos del Tesoro, y su administracion parte de la central de la Hacienda pública, es forzosamente un ramo de la Adininistracion á que se refiere dicha ley en el artículo 73, párrafo 4.° igualmente citado:

2.° Que la dependencia y subordinacion inmediata que en este último caso establece dicho artículo entre el alcalde y el Gefe político no puede entenderse sino respecto de los ramos de la Administracion que no tengan una organizacion especial, y su autoridad superior provincial separada: 3.° Que así lo confirma el artículo 9.o de la ley de 2 de abril de 1845 TOMO 1.

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que se ha citado, cuando escluye del conocimiento de los Consejos provinciales los negocios contenciosos de la Administracion que tengan designado por la ley un juzgado especial para fallarlos:

4.° Que en este caso se halla la Subdelegacion de Cruzada, no solo como tribunal para juzgar los asuntos del ramo cuando pasen á ser contenciosos, como lo es el de que se trata desde que se opuso el alcalde, sino que á este carácter reune por los términos generales en que se espresa la ley recopilada el de la autoridad superior provincial gubernativa, con facultad para proceder en esta vía, como en los asuntos ordinarios de Hacienda está autorizada para proceder la superior provincial en esta ma

teria:

5.° Que por lo mismo es inexacto el fundamento con que el Gefe político reclamó para la Administracion propiamente dicha el conocimiento de este negocio, el cual á mayor abundamiento, hallándose en la vía contenciosa, corresponde segun ley espresa á la autoridad judicial del ramo:

Oido el Consejo Real; vengo en decidir a favor de la misma esta competencia.-Dado en Palacio á 27 de febrero de 1850.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

317.

Distribucion de aguas.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gere politico de Cuenca y el Juez de primera instancia de Requena, con motivo de haber acudido al Juez de aguas de Utiel varios regantes de las aguas del rio Viñuelas; y se resuelve:

1.° Que es sobre materia encomendada á la Administracion la cuestion que puede promoverse entre los diversos regantes de un rio acerca del mero uso y distribucion de las aguas de aprovechamiento comun;

2.° Que los alcaldes y sus tenientes tienen en estas cuestiones intervencion legitima, ora para hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en materia de aguas, ora para resolver las cuestiones perentorias que se susciten entre participes de las mismas;

Y 3.° que la competencia ó incompetencia con que el alcalde y sus tenientes pueden proceder en razon de la forma, no corresponde nunca estimarla á los tribunales de justicia, sino al Juez del fondo, que es la Administracion, ante la cual deben deducirse las quejas sobre este particular y sobre cualquiera otro, inclusa la injusticia de la resolucion (Coleccion legislativa.-1850.- Tomo 49, número 10.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Cuenca y el Juez de primera instancia de Requena, de los cuales resulta: Que en el mes de julio último acudieron al Juez de aguas de la vie la de Utiel, encargado por su Ayuntamiento de distribuir las del comun con sujecion á sus acuerdos y á la práctica establecida, Doña Regina Poo zuelo y otros interesados de una parte, y de otra Gabriel Perez y varios ve

cinos, solicitando aquellos que con las aguas del rio Viñuelas se regasen ciertas tierras que poseen en la partida del mismo nombre, y pretendiendo estos que las tales tierras no son de regadío, y que debian destinarse las aguas a las que ellos poseen por haberse quedado en hueco sin regar en aquella tanda: Que noticioso de esta cuestiou el teniente de alcalde primero de dicha villa la decidió en favor de estos últimos con arreglo a la costumbre recibida, disponiendo que se pusiese el agua en cabeza de la tanda interin la Pozuelo y consortes justificaban que sus tierras eran de regadio; y verificado así por el Juez de aguas, acudieron estos al referido de primera instancia pidiendo el amparo de posesion, que les fué otorgado, resultando de aquí la presente competencia provocada por el mencionado Gefe político:

Visto el artículo 74, párrafos 1.0 y 5.° de la ley de 8 de enero de 1845 por el cual corresponde al alcalde, como administrador del pueblo bajo la vigilancia de la Administracion superior, ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y deliberaciones del Ayuntamiento cuando tengan legalmente el carácter de ejecutorios, y cuidar de todo lo relativo á policía urbana y rural conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad superior y ordenanzas municipales:

Visto el artículo 80, párrafo 2.° de la misma ley, que declara atribucion de los Ayuntamientos arreglar por medio de acuerdos (que son ejecutivos), de conformidad con las leyes y reglamentos, el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechamientos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente:

Visto el artículo 86 de la referida ley, que autoriza a los tenientes de alcalde para que ejerzan las funciones que con arreglo á las leyes, instrucciones y reglamentos les cometa el alcalde como a delegados suyos:

Visto el articulo 8.“, párrafo primero de la ley de 2 de abril de 1845, que somete á los Consejos provinciales el conocimiento, cuando pasen á ser contenciosas, de las cuestiones relativas al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales:

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839, que prohibe dejar sin efecto por medio de interdictos de manutencion y restitucion las providencias que dicten los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de su respectiva atribucion, se gun las leyes:

Considerando: 1.° Que la cuestion promovida y decidida en el presente caso entre los diversos regantes del rio Viñuelas lo es á todas luces de mero uso y distribucion de las aguas de aprovechamiento comun, materia encomendada á la Adininistracion, así en la vía gubernativa como en la contenciosa, por las citadas leyes de 8 de enero y 2 de abril de 1845 en el artículo 8.o párrafo 1.o de esta última:

2.° Que la intervencion que en dicho caso tomó el teniente alcalde pudo ser legitima, porque tratándose por una parte de aplicar las reglas mandadas cumplir por el Ayuntamiento en esta materia de aguas, y de resolver por otra una cuestion perentoria suscitada entre participes de las mismas, corresponde lo primero á los alcaldes en virtud del párrafo 1.°, artículo 74 citado de aquella ley de 8 de enero de 1845, y es lo segundo un caso de policía rural, encomendado á los mismos por el párrafo 5.o tambien citado del mismo artículo; cuyas atribuciones pueden ejercer dichos tenientes en virtud de delegacion, segun el artículo 86 asimismo citado de la ley referida:

3.° Que de todos modos la competencia ó incompetencia con que el teniente de alcalde pudo proceder en razon de la forma en que lo hizo, no corresponderia nunca estimarla á los tribunales de justicia, sino al Juez del fondo que es la Administracion:

4.° Que ante la misma debieron acudir los agraviados á deducir sus quejas sobre este particular y sobre cualquiera otro, inclusa la injusticia de la resolucion ; porque además de estar espreso en la ley que las facultades de que hizo uso el teniente de alcalde se ejercen bajo la vigilancia de la Administracion superior, la improcedencia del interdicto judicial segun la Real órden citada, estensiva en su espíritu á toda autoridad administrativa, aparece de un modo evidente con solo considerar que en el juicio plenario que debia seguirle, la sentencia del juez no podia menos de determinar cómo debian distribuirse unas aguas de aprovechamiento comun entre los diversos regantes que en aquel compareciesen, cosa notoriamente agena de la autoridad judicial:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 27 de febrero de 1850.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

318.

Denuncia de nueva obra.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Barcelona v el Juez de primera instancia de Vich, con motivo del interdicto propuesto ante este por Francisca Albó y Calvaria, por haberse conservado una presa en el cauce del Quer, término de San Juan de la Vilalorta; y se resuelve:

1.° Que cuando la cuestion está reducida é la concesion de aguas para nuevo riego, no puede ni debe intentarse la rerocacion del acuerdo administrativo por medio de un interdicto;

Y 2.° que las reclamaciones en este caso deben atemperase á lo prevenido en la Real órden de 14 de marzo de 1846, que exige la autorizacion Real, prévia la instruccion del espediente, para establecer cualquiera empresa de interés privado que tenga relacion con el uso, aprovechamiento y distribucion de las aguas de los rios (Coleccion legislativa.-1850.- Tomo 49, núm. 11.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Barcelona y el Juez de primera instancia de Vich, de los cuales resulta: Que en 27 de octubre de 1848 interpuso ante el último Francisca Albó y Calvaria interdicto de denuncia de nueva obra por haberse comenzado aquella misma noche la construccion de una presa en el cauce del Quer, lérmino de San Juan de la Vilatorta, un poco mas abajo de la fuente de la Noguera, con el objeto de desviar sus aguas para conducirlas al manso de Altarriba, propiedad del Marqués de Sentmanat, con lo cual se la perjudicaba en el molino de su propiedad establecido en la parte inferior de la presa por concesion del Real Patriinonio en 1616 : Que admitido el interdicto por el Juez, y verificado en virtud de órden suya el embargo de la obra por el alcalde de San Juan de Vilatorta el inismo dia 27, segun oficio en que así se lo manifestó este el siguiente 28 sin ob

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