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Administracion. Dado en San Ildefonso á 25 de agosto 1849.--Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

294.

Franqueo y limpia de una acequia.-Se decide á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe politico de Pontevedra y el Juez de primera instancia de Tuy, con motivo de una disposicion del alcalde de Rosal acerca del franqueo y limpia de la acequia de Loureiros; y se resuelve:

1.° Que los actos administrativos no pueden ser anulados, reformados ni interpretados sino por la Administracion gubernativa ó contenciosamente, y que la intervencion de los tribunales civiles para decidir sobre la validez ó nulidad de tales aclos seria contraria al articulo 66 de la Constitucion y destruiria la absoluta independencia de aquella;

2.° Que para evitar los repet idos conflictos que el olvido ó ignorancia de estos principios producia entre las autoridades administrativas y judiciales, se ha prohibido la admision de interdictos contra las providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de su atribucion segun las leyes, aunque la decision administrativa en el fondo ó en la forma no fuese conforme con las prescripciones legales;

3.° Que para reformar los actos injustos o arbitrarios de la Administracion y poner á cubierto los derechos de los particulares de los perjuicios que la ignorancia o mala de los funcionarios administrativos pudieran causarles con providencias ilegales en el fondo ó en la forma, las leyes han establecido los recursos ante el superior gerárquico en la línea de la Administracion activa, y ante los tribunales administrativos por la vía contenciosa, cuando se alega que hay derechos vulnerados;

4. Que cualquiera interpretacion de los principios constitucionales y de las leyes, reconociendo en la autoridad judicial faculs lades para anular los actos administrativos, no solo seria contraria a la Constitucion y confundiria las distintas atribuciones del poder público, sino que produciria graves conflictos para el Gobierno, y opondria sérios obstáculos á su accion libre y desembarazada;

Y 5.' que cuando un particular cree que le perjudica y debe revocarse la resolucion administrativa, debe esponer las razones en defensa de sus derechos, no ante el Juez de primera instancia proponiendo un interdicto, sino ante el Gefe politico y ante el Consejo provincial en su caso (Coleccion legislativa. - 1849.— Tomo 48, núm 52.)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe polico

de la provincia de Pontevedra y el Juez de primera instancia de Tuy, de los cuales resulta, que habiendo dispuesto el alcalde de Rosal el franqueo y limpia de la acequia de Loureiros en la parroquia de Espras, distrito municipal de dicho pueblo, por tener aguas estancadas con gran perjuicio de la salud pública y de la agricultura, y mandado que el franqueo se verificara dando direccion al desagüe y abriendo un nuevo cauce por frente de un campo que llevaba José Alonso Carballo, vecino de dicha parroquia, este acudió al referido Juez proponiendo el interdicto de amparo; y que cuando iba á recibir la sumaria informacion de testigos el Gefe político á excitacion del alcalde, requirió de inhibicion á dicho Juez fundado en el artículo 74, párrafo 5.o de la ley de Ayuntamientos, resultando esta competencia.

Vista la comunicacion pasada por el espresado Juez al Gefe político, en la que de acuerdo con el dictámen fiscal y con lo alegado por el querellante, establece como fundamento de su competencia: 1.° Que habiendo en Loureiros una acequia antigua, el rompimiento de la nueva por el campo de Carballo era un acto arbitrario y atentatorio a la propiedad y á la posesion, del cual solo podia conocer la autoridad judicial y que daba lugar al interdicto conforme à la ley de Toro y á la opinion de sus comentadores: 2.° Que aun cuando en principios el alcalde tuviera facultades para mandar la limpia y franqueo de la acequia como providencia de policía rural, en el caso presente carecia de tales facultades para abrir el nuevo cauce, pues además de ser esta obra distinta é independiente de la limpia, tenia que ocuparse la propiedad particular: y si aquel creía necesaria tal obra, debia haber formado espediente con audiencia del Ayuntamiento y del querellante ó acudido á deducir sus accicnes en representacion del comun ante el juzgado; y 3.° Que habiendo reconocido dicho Juez por sí mismo el sitio, se habia convenido de que la obra no era de utilidad pública: • Visto lo espuesto por el alcalde del Rosal para que el Gefe político requiriera de inbibicion al Juez de Tuy por tratarse de providencia tomada en uso de las facultades que le daba la ley de Ayuntamientos y estar prohibidos los interdiclos en tales casos por la Real órden de 8 de mayo de 1839; y el espediente formado por el citado alcalde y el Ayuntamiento del Rosal: oido el parecer de peritos del que resulta que la apertura del nuevo cauce era obra de utilidad pública pues por el antiguo refluían las aguas del Miño en las avenidas y quedaban estancadas, haciendo eriales ó pantanos Inuchos terrenos y causando males a la salud pública con la exhalacion de miasmas insalubles; inconvenientes que han desaparecido con la limpia y franqueo practicados, y que se habia estimado que la obra del nuevo cauce no solo era de conveniencia pública sino que eran aplicables para su ejecucion las disposiciones contenidas en la Real órden de 19 de setiembre de 1845, y en los artículos 30 y 31 del Real decreto de 10 de octubre del mismo año:

Vista la ley de Ayuntamientos en el artículo y párrafo citados, segun los cuales corresponde al alcalde bajo la vigilancia de la Administracion superior, cuidar de todo lo relativo á policía urbana y rural conforme á las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad superior y ordenanzas municipales:

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839 que prohibe dejar sin efecto por medio de interdictos restitutorios las providencias de los alcaldes y Diputaciones provinciales en materias de su atribucion segun las leyes:

Vistas la Real orden de 19 de setiembre de 1845 y los artículos 30 y 31

del Real decreto de 10 de octubre del mismo año, que prohibe se paralicen. las obras públicas por las oposiciones que en cualquiera forma puedan intentarse, y disponer que las indemnizaciones y resarcimientos de daños y perjuicios ocasionados por la ejecucion de tales obras se soliciten ante los Geles políticos: .

Vistos los artículos 42, 43 y 64 de la Constitucion relativos á las facultades de mi Gobierno para hacer ejecutar las leyes y conservar el órden. público, en los cuales se establece además el principio de li responsabilidad ministerial:

Visto el artículo 66 de la misma Constitucion que declara pertenecer exclusivamente a los tribunales y juzgados la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones. que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado:

Visto el artículo 10, tambien de la Constitucion , que no permite que .. ningun español sea privado de su propiedad sino por causa justificada de autoridad comun prévia la correspondiente indemnizacion:

Vista la ley de 17 de julio de 1836 que determina los casos y la forma en que debe verificarse la espropiacioni forzosa en beneficio público:

Vistas las leyes de 2 de abril de 1845 para el gobierno de las provincias, y para la organizacion y atribuciones de los Consejos provinciales:

Considerando que los actos administrativos no pueden ser anulados, reformados ni interpretados sino por la Administracion, ya gubernativa 6 ya contenciosamente, y que la intervencion de los Tribunales civiles para decidir sobre la validez ó nulidad de tales actos, sería contraria al citado artículo 66 de la Constitucion, y destruiría la absoluta independencia de aqueMa consignada en las leyes y en los varios artículos, tambien citados en la misma Constitucion:

Considerando que para evitar los repetidos conflictos que el olvido ó ignorancia de estos principios producia entre las autoridades adıninistrativas y judiciales, tuve á bien probibir de un modo explicito y terminante por mi citada Real órden de 8 de mayo de 1839, la admision de interdictos contra las providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materias de su atribucion, segun las leyes:

Considerando que el texto de esta resolucion escluye el interdicto y la compelencia de la autoridad judicial cuando la administrativa ha decidido en materias de su atribucion segun las leyes, aunque la decision en el fondo ó en la forma no fuese conforme con las prescripciones legales.

Considerando que para reformar los actos injustos ó arbitrarios de la Administracion, y poner á cubierto los derechos de los particulares de los perjuicios que la ignorancia ó mala fé de los funcionarios adminisirativos pudieran causarles con providencias ilegales en el fondo ó en la forma, las leyes han establecido los recursos ante el superior gerárquico en la línea de Ja Administracion activa, y ante los tribunales administrativos por la vía contenciosa cuando se alega que hay derechos vulnerados:

Considerando que la eficacia de estos recursos no puede ponerse en cuestion sin poner igualmente en duda y atacar por su base el sistema auministrativo vigente, y mas principalmente toda la parte relativa al contencioso de la Administracion:

Considerando que cualquiera interpretacion de los principios constitucionales y de las leyes, por la cual se reconociera en la autoridad judicial facultades para anular los actos administravos, no solo sería contraria a los .citados artículos de la Constitucion y confundiría las distintas atribuciones del poder público, segun su diferente modo de obrar, sino que produciria

graves conflictos para mi Gobierno y opondria sérios obstáculos á su accion Tibre y desembarazada, viéndose frecuentemente detenido en su marcha por decisiones de los tribunales, y hallándose en tales casos obligado á ala. car la inviolabilidad de la cosa juzgada ó á prescindir de los sagrados deberes que la Constitucion le 'ha impuesto, encargándole la ejecucion de las leyes y el impulso y la proteccion de los intereses morales y inateriales de la sociedad:

Considerando que segun estos principios el Juez de primera instancia de Tuy, admitiendo el interdicto que ha dado lugar á esta competencia, falto á lo prevenido en la citada Real órden de 8 de mayo de 1839, pude el alcalde de Rosal al disponer acertada ó desacertadamente que se limpiara la acequia y se abriera un nuevo cauce para su desagüe por razones de conveniencia pública, bien ó mal entendidas, cuales son la destruccion do exhalaciones insalubres y la mejora de la agricultura, obró, no como particular ni como representante del pueblo en el ejercio de derechos civiles que á este correspondieran, sino como auloridad administrativa y en uso de las atribuciones que bajo tal concepto le concede la ley de Ayuntamientos, de modo que su decision reunia todas las circunstancias de acto adininistrativo y de providencia dictada en materia de sus atribuciones, segun las leyes:

Considerando que si el querellante Carballo creyó que dicha resolucion le perjudicaba y debia revocarse, porque ó no existia la utilidad pública que para tomarlas se habia supuesto ó no se habia practicado antes de adoptarla las forinalidades que las disposiciones vigentes en la materia exigen, ó se habia atropellado el derecho de propiedad ocupando su terreno sin observar los trámites y formalidades que la Constitucion y la ley de 17 de julio de 1836 señalan, ó en fin se habian aplicado desacertadamente al caso en cuestion mi Real órden de 19 de setiembre de 1845 y mi Real decreto de 10 de octubre del mismo año; todas ó cualquiera de estas razones en defensa de sus derechos, debió esponerlas, no ante el Juez de primera instancia proponiendo un interdicto; sino ante el Gefe político de Pontevedra y ante el Consejo provincial en su caso, únicas autoridades competentes segun las leyes para decidir sobre su oportunidad y legalidad de la determinacion del alcalde: · Considerando que el carácter esclusivamente administrativo de la cuestion que en el fondo se ventila en esta competencia aparece de los fundamentos mismos espuestos por el Juez de priinera instancia para retener el conocimiento; pues siendo estos, primero, la conviccion de que la apertura del nuevo cauce no es obra de utilidad pública, y segundo que aun en el caso de serlo el alcalde al mandar ejecutarla había faltado a las forinalidades que las leyes exigen; la esposición de tales fundamenlos demuestra de de una manera indudable que para sentenciar el interdicto, no solo se aprecia la validez de un acto administrativo, sino que se decide una cuestion de conveniencia pública y se juzga sobre la inteligencia y aplicacion de reglamentos é instrucciones administrativas; materias todas reservadas por las leyes al conociiniento de la administracion y escluidas terminantemente de la competencia de la autoridad judicial por el ya citado artículo 66 de la Constitucion: • Considerando que por todo lo espuesto, el interdicto en el caso presente está prohibido por los principios del derecho, por las disposiciones termiNantes de la ley y de un modo indudable por mi Real órden de 8 de mayo de 1839, pues aquel se dirige á anular una providencia acertada ó desacerda, justa o iojusta, pero indudablemente administrativa:

Oido el Consejo Real, vengo en resolver esta competencia a favor de la Administracion. Y atendiendo a que el alcalde del Rosal se ha escedido notablemente en sus atribuciones atropellendo la propiedad particular sin hacer uso como debiera de la ley de espropiacion forzosa por causa de utilidad pública, el Gefe político le hará desde luego responsable de los daños y perjuicios que haya podido ocasionar á José Alonso Carvallo, sin cuyo consentimiento ó la indemnizacion prévia no se procederá á ejecutar la obra proyectada en las tierras de su pertenencia cualquiera que sea el estado en que se encuentre. Dado en Palacio á 14 de setieinbre 1849.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, at Conde de San Luis.

295.

Distribucion y aprovechamiento de aguas.-Se decide å favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gese político de Teruel y el Juez de primera instancia de Aliaga, con motivo de un interdicto propuesto por Manuel Loras contra una providencia del alcalde de Ababux; y se resuelve:

1.° Que las disposiciones de los alcaldes en el mero hecho de tener por objeto impedir toda novedad en el curso y distribucion de las aguas, y de recaer sobre obras hechas por un riberiego limitrofe en el cauce de un rio, tienen notoriamente el carácter de medidas de policía rural, la cual se halla encomendada á los mismos; 6:2. Que el Juez de primera instancia debe repeler desde su origen las pretensiones deducidas en forma de interdicto contra ta. les disposiciones, aun cuando comparezcan en los autos el alcalde y sindicos del Ayuntamiento;

1 3.o que la division de jurisdiciones es una medida de órden. público, fuera del alcance de la renuncia tácita ó espresa de las partes interesadas (Coleccion legislativa.-1849.-Tomo 48, nú mero 53.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe polilico de Teruel y el Juez de priinera instancia de Aliaga; de los cuales resalta: que Manuel Loras, vecino de Forcas, poseedor de quince yugadas de tierra en la inárgen del rio Mayor, situadas en el término de Ababux, dió a la estacada con que desde tiempos anteriores tiene fortificada su heredad para guardarla de las avenidas de dicho rio, la estension de atravesar este de parte á parte: que el alcalde del referido pueblo de Ababux, atendiendo á que esta novedad alteraba el curso de las aguas en perjuició de su distribucion para el riego y de su aprovechamiento por un molino inmediato, ofició al alcalde de Forcas para que previniese á Loras que quitase la estacada: que esta autoridad lo verificó así; no solo por la parte que interesaba al pueblo de Ababux, sino por el riesgo que al de Forcas se seguia de que cambiando las aguas su direccion por motivo de la estacada se abriese nuevo cauce por su término, dividido del de Ababux por el centro de dicho rio, que habiéndose negado Loras á cumplir la providen

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