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Considerando: 1.° Que no se trata en el caso presente de infraccion de ley ó reglamento de policía ni de ordenanza municipal, como tampoco de falta disciplinar á que notoriamente está hoy contraida la facultad de imponer y exigir multas los alcaldes dentro del máxinun prescrito, y por lo tanto es inaplicable á dicho caso el citado articulo 75 de la ley de Ayuntainientos:

2.° Que no hay otra alguna que reserve á la Administracion el castigo del hecho de que se trata, ni meilia tampoco cuestion prévia esencial que a la misma corresponda decidir, por cuyo inotivo obra de lleno la prohibicion que á esta impone el artículo 3.o párrafo 1.o del Real decreto citado de provocar conflictos en tal materia:

Oido el Consejo Real, vengo cn decidir esta competencia a favor de la autoridad judicial. Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1849.--Está rubricado de la Reill mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

276.

. Acotamiento de pastos y otros aprovechamientos.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe politico de Zaragoza y el Juez de priniera instancia de Egea de los Caballeros, sobre observancia del acotamiento verificado en 1830, entre los Ayuntamientos de Erla v Luna; y se resuelve:

Que encargada á la Administracion activa la ejecucion de las sentencias que dicte la contenciosa, con una sola escepcion, la providencia del Gefe político que no tiene mas objeto que hacer efectiva una sentencia de aquella clase, está dictada notoriamente en materia de sus atribuciones, y no puede dejarse irreficás el pirtud de un interdicto (Coleccion legislativa.-1849.- Tomo 47, número 34.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Zaragoza y el Juez de primera instanciilile Egea de los Caballeros, de los cuales resulta: Que por Real sentencia de 10 de mayo de 1848, publicada y inandada tener como resolucion final en 18 del mismo y recaida en grado de apelacion en el pleito entre los Ayuntamientos de las villas de Erla y Luna sobre derecho a los pastos y otros aprovechamientos en los términos de esta última, se dispuso que se observase y guardase sin alte – racion alguna el acotamiento que para aquel lin se verificó en 1830, reservando a las partes su derecho para que en el juicio de propiedad le hiciesen valer donde correspondiese: Que despues de comunicada á las mismas esta resolucion, el alcalde de Luri multó á un vecino de E"!:2 por haber pastado sus yeguas y lechales en terreno, que si bien estaba com prendido en el término que correspondia a los ganaderos de esta última viIla segun el mencionado acotamiento, era de propiedad particular de un vecino de Zaragoz:r: Que el Ayuntamiento de Erla acudió al espresado Gefe político mn:wifestando que dicho acto y otros que revelaban en el de Luna el ánimo de escluir del pasto com'ın todas las tierras que se hallasen en igual caso de pertenecer á particulares de su vecindad, eran una infraccion

notoria de io prevenido en la Real sentencia mencionada, puesto que alteraban el estado de cosas producido por el acotainiento; en vista de lo cual dicho Gefe, oido este último Ayuntamiento, dispuso en 17 de noviembre ile 1848 que de couformidad con lo prevenido en dicha sentencia, las tierrus cultivadas que los vecinos de Luna poseyesen en los términos de Erla y estuviesen abiertas en 1830, continuasen en tal estado para pasto de los ganados de esta última villa: Que comunicada la providencia á dichos vecinos, manifestaron por escrito que la acataban sin perjuicio de esponer á la autoridad que la habia dictado las razones por qué la consideraban gravosa y contraria á sus derechos; mas en lugar de esto, los mismos, unidos con otros del propio pueblo y algunos Mas circun vecinos, acudieron al referido Juez de primera instancia en 22 de diciembre inmediato, proponiendo un interdicto de amparo de posesion que les fué otorgado el dia siguiente: Que noticioso de esto el Gefe político, provocó al Juez la compelencia de que se trata:

Visto el artículo 17 de la ley de 2 de abril de 1845 segun el cual la ejecucion de las sentencias de los Consejos provinciales corresponde á los agentes de la Administacion, á escepcion del caso en que hubiere de procederse por remate ó venta de bienes:

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839 que prohibe dejar sin efecto por medio de iaterdictos de amparo y restitucion las providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de su atribucion segun las leyes:

Considerando: Que encargaila á la Administracion activa la ojecucion de las sentencias que dicta la contenciosa, con un sola escepcion que no se verifica en el caso presente, la providencia del Gefe político de Zaragoza que no tuvo mas objeto que hacer efectiva una sentencia de aquella clase, fué dictadi en materia notoriamente de sus atribuciones segun el artículo 17 de la ley citada, y no pudo dejarse ineficaz en virtud de un interdicto prohibido por Real órilen tambien citada, estensiva en su espíritu á tolas las autoridades administralivas:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Daco en Araujucz á 27 de junio de 1849.-Está rubricaclo de la Real mano.--El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

29.

Limpia de zanjas ó cauces..-Se decide á favor de la Administracion la compelencia suscitada entre el Gele político de Gerona y el Juez de primera instancia de Figueras, á censecuencia de haber sido D. Gregorio Gifré y Trobat amparado en la posesion del derecho que tenia de verter las aguas de su finca y de la acequia limítrofe en el estanque del Camaré; y se resuelve:

1.° Que el desagüe de un estanque es un acto administrativo, ya se mire como dispuesto por un alcalde, ya como una mera ejecucion de lo ordenado por el Gefe politico;

Y 2.o que por esta razon los interesados en el mismo deben acudir ante la Administracion por la via competente ó bien ante el Jucz en la forma ordinaria en su caso, mas nunca apelar á un in

TONO I,

terdicto restitutorio (Coleccion legislativa. — 1849. — Tomo 47, número 35.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Gerona y el Juez de primera instancia de Figueras, de los cuales resulta: Que en 15 de marzo de 1847 acudieron al espresado Gefe político varios propietarios de Castellon de Ampurias y pueblo de San Juan Sasclosas manifestaudo los perjuicios que se seguian á la salud pública y al cultivo de sus tierras de que no se limpiase y nivelase la zanja ó cauce Madral por donde se daba salida á las aguas sobrantes de las mismas, sencharcándose aquellas en las referidas tierras y en el niencionado cauce y otras zanjas: Que el Gefe político dispuso en 3 de mayo siguiente que por los alcaldes respectivos se diese cumplimiento a las circulares que tenia espedidas sobre esta materia, y se procediese desde luegn á la limpia de las zanjas, señaladamente la nombrada: Que el alcalde de Castellon de Ampurias previno en consecuencia á Narciso Fabrellas, como encargado del estanque llamado del Camaré, propiedad de D. Francisco Puig y Ferriol, que dentro de tercero dia y bajo la multa de 100 rs, diese curso á las aguas que tenia detenidas en dicho estanque, dirigiéndolas al Rech Madral: Cute Puig y Ferriol lo verificó así, construyendo al efecto dentro de sus tierras un cauce que por debajo de la carretera desaguase en la zanja referida: Que 1). Gregorio Gifré y Trobat, dueño de las tierras llamadas las Dosas Fabregas que lindan por una parte con el referido estanqne del Camare carretera de por medio, compareció ante el espresado Juez de primera instancia, y prévia informacion sumaria de que este desagüe impedia el uso del derecho que tenia de verter las aguas de su finca y de la acequia limítrofe en el referido estanque, fué amparado en la posesion, mandándose cegar primero, y destruir despues el cauce construido por Puig y Ferriol: Que el Gefe político á instancia de este último, provocó la presente competencia, fundado en el artículo 74, párrafo 5.o de la ley de 8 de enero de 1845; en el artículo 4.', párrafos 5.0 y 7.o de la de 2 de abril del mismo año, y en la Real órden de 8 de mayo de 1839 :

Vista la primera de estas disposiciones segun la cual corresponde al alcalde como adıninistrador del pueblo, y bajo la vigilancia de la Administracion superior, cuidar de todo lo relativo á policía urbana y rural, conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones de la Autoridad superior y ordenanzas municipales:

Vistas las citadas en segundo lugar que declaran de la atribucion del Gefe político, cuidar en todo lo concerniente á la sanidad en la forma que prevengan las leyes y reglamentos, y vigilar é inspeccionar todos los ramos de la Adininistracion comprendidos en el territorio de su mando:

Vista la última de aquellas disposiciones por la que se prohibe dejar sin efecto por medio de los interdictos de manutencion y restitucion las providencias que dicten los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materias de su atribucion segun las leyes:

Considerando: 1.° Que el desagüe del estanque del Camaré fué directa e inmediatamente la causa y objeto del interdicto proveido por el Juez á favor de D. Gregorio Gifré y Trobat:

2.° Que aquel desagüe fué un acto administrativo, ya se mire conno dispuesto por el alcale de Castellon de Ampurias en uso de la facultad que le atribuye el citado artículo 74, párrafo 5.o de la ley de 8 de enero de 1845, ya como mera ejecucion de lo ordenado por el Gefe político en virtud del artículo y párrafos igualmente citados de la de 2 de abril del mismo año:

3.° Que por ello el interesado debió acudir ante la Administracion misma por la vía compelente ó bien ante el Juez en la forma ordinaria en su lugar, mas nunca apelar á un interdicto restitutorio que rechaza la Real órden citada, estensiva en su espíritu á todas las autoridades administrativas:

Oido el Crnsejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Aranjuez á 27 de junio de 1849.-Eslá rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

278.

Casas habitaciones de los individuos de un cabildo eclesiástico.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Intendente de rentas de Tarragona, y el Juez de primera instancia de Tortosa, por haberse subastado y adjudicado á D. Mateo Llasat la casa llamada del Capiscol sila en esta última ciudad y destinada para habitacion de la referida dignidad del cabildo; y se resuelve:

1. Que la posesion dada de una finca de bienes nacionales no puede considerarse como plena y efectiva mientras no sea dado al comprador ejercer en toda su estension el dominio absoluto, y por lo tanto, las diligencias necesarias para conseguir este resultado forman parte naturalmente del espediente de la subasta y venta de la finca en cuestion ;

2.° Que por lo mismo no debe el comprador dirigirse al Juez ordinario de primera instancia, de cuya intervencion para la toma de posesion dispensa el art. 9.o de la ley de 14 de julio de 1837;

3. Que por igual concepto debe dejarse espedita la accion del Intendente para que en la via gubernativa huga que sea plena y ejecutiva la posesión dada al interesado de la finca comprada;

Y 4.° que en el caso de alegarse escepciones y agravios contra el Gobierno, debe promoverse el negocio en la viu contenciosa (Coleccion legislativa.—1849.— Tomo 47, núm. 36.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Intendente de Rentas de Tarragona y el Juez de primera instancia de Tortosa, de los cuales resulta : Que entre la fincas que el cabildo de esta ciudad manifestó como de su pertenencia en cumplimiento de la ley de 2 de setiembre de 1841 y demás disposiciones á ella consiguientes, se hallaba una casa sita en dicha ciudad, ca!le del Angel, señalada con el número 34 y llamada del Capiscol por estar destinada para habitacion de esta dignidad, la cual sacada á pública subasta fué adjudicada á D. Mateu Llasat en 29 de abril de 1843 por la cantidad de 51,000 reales, la cual fué satisfecha por entero en

petente escritura en 27 de octubre inmediato : Que el referido cabildo habia acudido anteriorinente al Gobierno pidiendo que las casas habitaciones de sus individuos fuesen esceptuadas de la venta como comprendidas en el artículo 6.', párrafo 5. de la ley citada por ejercer dicho cabildo la cura de almas en aquella ciudad; y habiendo sido desestimada esta pretension en 14 de octubre del referido año, produjo otra para que se suspendiese la enajenacion de las casas no vendidas, que tambien fué desechada eu 11 de diciembre siguiente, habiendo el mismo cabildo solicitado y obtenido del Juez de primera instancia en 29 de setiembre del propio año un auto de amparo contra las órdenes que se habian comunicado para que se

efecto una de estas órdenes a favor de D. Mateo Llasat se presentó el administrador subalterno de Bienes nacionales del distrito en la forma acostumbrada en la casa referida, y no habiendo podido consegnirlo en virtud de la resistencia que, escudado con el amparo judicial, opuso el dignidad

quien obtuvo dicha posesion en 6 de febrero de 1844, no obstante la contrariedad y protestas de un apoderado del cabildo: Que continuando sin embargo el dignidad de Capiscol ocupando la casa, propuso Llasat contra él demanda de deshaucio ante el Juez ordinario el 16 del propio mes, y sustanciada la instancia formando tambien parle el cabildo, se dictó auto á favor del demandante, el cual fué revocado en grado de apelacion por la sala segunda de la audiencia de Barcelona, previniéndose que la espresada demanda se sustanciase en contradictorio juicio, pronunciándose á su tiempo la sentencia que pareciere conforme: Que continuados los autos y citada de eviccion la Hacienda en estado de prueba, por el Ministerio de este ramo se espidió en 13 de inayo de 1847 y se comunicó por el de Gracia y Justicia una Real órdeil desestimandu la pretension de la comision de culto y

de que se trata al cabildo de aquella ciudad, indemnizándose al que la habia adquirido del Estado, y añadió que pues este comprador se habia visto obligado á sostener un pleito con dicho cabildo ante la jurisdiccion Real ordinaria sobre la posesion de dicha finca debidamente enajenada, se previniese al Jutendente de la provincia que reclamase el desistimiento de tales procedimientos judiciales ó promoviese en otro caso la oportuna competencia por ser su conocimiento privativo de las autoridades de Hacienda: Que comunicada esta órden al Jucz por el Intendente en 25 del propio mes para que le diese cumplimiento en la parte que le correspondia, y considerándose aquel requerido de inhibicion, se declaró competente en 5 de agosto inmediato; y por no haberse allanado el Intendente mandó remitir los autos á la Audiencia del territorio, por cuya sala segunda le fueron derueltos por no estimar de su competencia la decision de este conflicto, en atencion al carácter y términos con que dicha autoridad lo habia provocado: Que prévia una sustanciaciacion que la misma sala anuló, fueron remitidos dichos autos al Gobierno ponién lolo en noticia del Intendente, y este elevó tambien á su tiempo el espediente:

Visto cl artículo 9.o de la ley de 14 de julio de 1837, segun el cual á ningun comprador de bienes nacionales se puede obligar á que tome posesion judicial de las fincas compradas, bastando para que surta los efectos de tal cualquiera requerimiento que se haga á los colonos ó lleradores de las mismas á fin de que reconozcan por dueño al comprador:

Vista la disposicion 4.a de la Real órden de 25 de noviembre de 1839, segun la cual los espedientes sobre la subasta y venta de bienes nacionales son puramerite gubernativos mientras que los compradores no estén en plena y efectiva posesion, y terminadas las mismas subastas y venta con todas sus incidencias, hasta cuya época no están los compradores en el ejercicicio del pleno dominio ni entran los bienes en la clase de particula

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