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finan con el monte comun, el cual por el mismo hecho queda deslindado;

Y 2.° que esta cuestion, como reducida al deslinde de montes de un pueblo, es maleria reservada al conocimiento de los Consejos provinciales (Coleccion legislativa.—1849.- Tomo 46, núm. 19.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Valencia y el Juez de primera instancia de Enguera, de los cuales resulta: Que el alcalde de la villa de Montesa considerando perjudicial á los derechos de pastar y cortar leña que el comun de vecinos tiene en los montes de Benillongo y de la Umbría, y contrario a lo dispuesto por el artículo 127 de las ordenanzas de 1729 el uso que D. José Antonio Climent hacia de su derecho de propiedad en los diez y seis jornales de tierra poco mas ó menos que poseía, lindantes con los montes referidos, acudió al espresado Juez para que amparase at Ayuntamiento y comun de vecinos en la posesion de dichos montes, con arreglo á los títulos y ordenanzas invocadas: Que habiéndolo proveido así el Juez en 6 de noviembre de 1847 compareció el 15 D. José Antonio Climent pidiendo la revocacion de este acto, fundado en que era contrario a otro de igual naturaleza dictado á su favor en 20 de abril del mismo año, por el que se le amparo en los diez y seis jornales de tierra referidos, á consecuencia de haberle mandado el alcalde de la espresada villa se abstuviese de cortar leña y otros usos propios del dominio Que el Juez por auto de 8 de enero de 1848 dejó sin efecto el de 6 de noviembre del año anterior ; y noticioso el Gefe político de estas actuaciones, por haberle pedido autorizacion el Ayuntamiento para hacer un reparto vecinal á fin de sostener sus derechos en juicio plenario, requirió de inhicion al juzgado y resultó la competencia de que se trata :

Visto el artículo 8.", párrafo 7.o de la ley de 2 de abril de 1845, que somete á los Consejos provinciales el conocimiento de las cuestiones relativas al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó a los establecimientos públicos cuando pasen á ser contenciosas, quedando reservadas á los tribunales competentes las que versen sobre la propiedad.

Considerando : 1.° Que el punto de la cucstion entre el alcalde de Montesa y D. José Antonio Climent acerca de los derechos que respectivamente pretenden tener no se se refiere a los que á este corresponden en sus diez y seis jornales de tierra, ni á los que al comuo pertenecen en la parte de monte público, sino que se concreta á si el terreno donde Climent ejerce dos de propiedad está dentro de los limites de su finca ó se halla por el contrario an la parte de monte comun donde rigen las ordenanzas.

2°. Que para resolver esta cuestion es necesario deslindar las tierras de Climent en la parte por donde confinan con dicho monte comun, el cual por el mismo hecho ha de quedar deslindado por aquella parte; de donde resulta, que la controversia incoada ante el Juez de primera instancia de Enguera, está reducida al deslinde de montes de un pueblo, materia reservada al conocimiento de los Consejos provinciales por el citado artículo 8.', párrafo 7.o de su ley orgánica.

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 16 de marzo de 1849 -Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

262.

Enajenacion á censo de varias tierras pertenecientes á propios.--Se decide á favor de la Autoridad judicial la competencia suscitada entre el Gere político de Málaga y el Juez de primera instancia de Ronda, á consecuencia de la enajenacion verificada por el Ayuntamiento de Casarabonela , y se resuelve:

Que cuando la cuestion decidida por un Ayuntamiento procede de un contrato celebrado entre el mismo y varios particulares, que no tuvo por objeto inmediato un servicio ú obra pública, no puede calificarse de cuestion administrativa, ni es mas que una cuestion de particular á particular (Coleccion legislativa.-1849.- Tomo 46, núm. 20.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Málaga y el Juez de primera instancia de Ronda, de los cuales resulta: Que en cumplimiento de las Reales órdenes de 24 de agosto de 1834 y 3 de marzo de 1835 y con la aprobacion competente, el Ayuntamiento de Casarabonela enajenó á censo varias suertes de tierra pertenecientes á propios, señalando á cada una cierta dotacion de agua del manantial llamado de Las doncellas : Que á la correspondiente á la suerte de Bartolomé Moyano le abrió paso por la adjudicada á Francisco Espildora, estableciendo en esta á favor de aquella la servidumbre de acueducto: Que presentada la misma por algunos años, se negó posteriormente Espildora á continuar con este gravámen y cerró el paso al agua: en vista de lo cual acudió Moyano al Ayuntamiento pidiendo le diese facultad para abrir de nuevo la acequia á fin de continuar aprovechando la dotacion de riego que le correspondia: Que acordado asi por el Ayuntamiento, propuso Espildora ante el Juez de primera instancia un interdicto de amparo á que este dió lugar, resultando de aquí la competencia de que se trata promovida por el Jefe político.

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839 que prohibe la admision de inter dictos restitutorios contra providencias dictadas por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de su atribucion según las leyes.

Visto el artículo 8.", párrafo 3.o de la ley de 2 de abril de 1845, segun el cual corresponde á los Consejos provinciales oir y fallar cuando pasen á ser contenciosas las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia, resCision y efectos de los contratos y remates celebrados con la administracion civil, ó con las provinciales ó municipales para toda especie de servicios y obras públicas.

Considerando que la cuestion decidida por el Ayuntamiento de Casarabonela procedia de un contrato celebrado entre el mismo y Bartolomé Moyano y Francisco Espildora, que no tuvo por inmediato objeto un servicio ú obra pública, por lo cual no puede calificarse de cuestion administrativa segun el citado párrafo y articulo de la ley de Consejos provinciales, única disposicion aplicable al presente caso, ni es mas que una cuestion de particular á particular, que bajo ningun concepto pudo resolver dicho Ayuntamiento, no exigiendo por lo mismo su providencia el respeto que prescribe la Real órden igualmente citada.

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la

autoridad judicial. Diado en Palacio á 16 de marzo de 1849.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

263.

Prision, multa y otros escesos.--Se declara, entre otras cosas, mal formada y que no ha lugar a decidir la competencia suscitada entre el Gefe político de Badajoz, y el Juez de primera instancia de Fuente de Cantos, con motivo de la querella aole este presentada por Antonio Arribas contra el Alcalde de Atalaya; y se resuelve:

1.° Que el requerimiento de inhibicion por parte del Gefe politico y la persistencia en reputar el asunto de sus atribuciones son dos actos enteramente distintos, cada uno de los cuales tiene sus re

mine y pese las razones en que el Juez fundó su competencia, y que oiga sobre el particular al Consejo provincial;

Y 2 que está mal formada la competencia cuando el Gefe politico no solo prescinde de estas últimas formalidades que por su naturaleza y objeto son esenciales sino que confunde los dos actos referidos (Coleccion legislativa.—1849. — Tomo 46, núm 21.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe polili'co de Badajoz y el Juez de primera instancia de Fuente de Cantos, do

los cuales resulta: Que Antonio Arribas, regidor síndico del Ayuntamiento de Atalaya se querelló ante el referido Juez contra el alcalde del mismo Jose Martinez, én 12, 19 y 22 de agosto del año anterior, por haberle reducido á prision, impuesto una multa, y cometido otros excesos en el ejercicio de sus atribuciones: Que dicho Juez pidió al expresado alcalde las diligencias instruidas sobre la prision del querellante, y habiendo aquel manifestado que no habia formado tales diligencias por las razones que espuso, y que en todo habia procedido gubernativamente castigando á Arribas por actos de inobediencia, falta de respeto, el Juez le recibió declaracion indagatoria poniendo antes en conocimiento del indicado Gefe político la formacion del proceso para los efectos de la disposicion 8.a del artículo 4.° de la ley sobre el gobierno de las provincias; que esta autoridad espuso en contestacion que consideraba estos procedimientos como un incidente ó continuacion de los que habian producido la competencia suscitada entre el mismo y dicho Juez por otra querella del espresado Arribas contra el insinuado alcalde, y estando aquella pendiente de la decision de S. M. ni el juez podia tomar la menor providencia sobre el asunto, ni á él le era lícito acordar sobre la autorizacion que se le pedia para continuar los procedimientos: Que el Juez de primera instancia repitió que no podia darse á este proceso el carácter de continuacion del anterior, sino que constituía por sí solo otro distinto en razon á tratarse de hechos nuevos aunque de igual naturaleza y entre las mismas personas que el precedente; en vista de lo cual el Gefe político pasó al juzgado una comunicacion con fecha 22 de noviembre del año último, diciéndole, que atendidas las consideraciones que en ella refería, esperaba que suspendiendo lodo procedimiento en el asunto

TOMO 1.

tendria por provocada la competencia remitiendo las diligencias al Ministerio de su ramo, así como él lo verificaba al de la Gobernacion del Reino dei espediente formado en su razon, á fin de que el Gobierno Supreino se dignase declarar lo que correspondiese, verificando realmente el Gefe político dicha remesa al dia siguiente 23: Que el Juez de primera instancia dió á esle olicio el carécter de un simple requerimiento de inhibicion, y prévios los trámites debidos se declaró competente, poniendo con oportunidad en conocimiento del espresado Gefe su auto motivado; mas esta autoridad le manifestó, que como se lo habia anunciado en la referida comunicacion de 22 de novicinbre, habia declarado provocada la compelencia y remitido su espediente al Ministerio de la Gobernaciun del Reino: Que el Juez no obstante la falta de cuinplimiento del artículo 13 del Real decreto de 4 de junio de 1847 que hizo notar en su providencia, la dió como si el mercionado oficio lo hubiese sido de declaracion de insistencia por parte del Gefe político en estimarse competente remitiendo los autos a la superioridad:

Vistos los artículos 6.°, 12, y el 13 citado del referido decreto de S. M. de 4 de junio de 1847, por los cuales se dispone que el Gefe político que comprenda pertenecerle el conocimiento de un negocio en que se halle entendiendo un tribunal ó juzgado ordinario ó especial debe requerirle de inhibicion; que cuando este se declare competenie por sentencia sirine, ha de exhortar al Gefe político para que deje espedita su jurisdiccion ó de lo contrario lenga por formada la competencia; y que el espresado Gefe oyendo al Consejo provincial ha de dirigir dentro de los tres dias de haber recibido el exhorto, nueva comunicacion al referido, insistiendo ó no en estimarse competente.

Considerando: 1.° Que segun estos artículos el requerimiento de inhibibicion y la persistencia en reputar el asunto de sus atribuciones son dos actos enteramente distintos, cada uno de los cuales tiene sus requisitos particulares, siéndolo del segundo que el Gefe palítico examine y pese las razones en que el Juez fundó su competencia, y que oiga sobre el particular al Consejo provincial:

2.° Que en el caso presente el Gefe político de Badajoz no solo prescindió de estas últimas forinalidades que por su naturaleza y objelo manifiesto son esenciales, sino que confundiendo los dos actos referidos, declaró formada la competencia y remitió cl espediente á la superioridad cuando el Juez de primera instancia no habia dado todavía su declaracion sobre si estimaba ó no competente, y era posible por lo tanto que no hubiese conflicto.

Oido el Consejo Real, vengo en declarar mal formada esta competencia y que no ha lugar á decidir!a, y en mandar al Gefe político de Badajoz quasi persiste en estimarse competente para conocer del asunto de que se tratii, requiera nuevamente de inhibicion al Juez en la forma debida, ajustándose en lo demás á las disposiciones vigentes. Dado en Palacio á 18 de abril de 1849.-Está rubricado de la Real inano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, el Conde de San Luis.

264.

Carretera pública.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Santander

vel Jucz de primera instancia de Torrelavega, con motivo de hac berse destruido en 1834 por una avenida la carretera pública que por tierras de D. Antonio Bustamante conducia al pueblo de Silio i monles comunes, y haberla sembrado dicho propietario con el resto de su heredad, cercándola de pared; y se resuelve:

1.° Que la Real órden de 27 de mayo de 1846, aunque se concreta á hablar de las usurpaciones cometidas en las carreteras generales, hace estensivas sus disposiciones, asi como la aplicacion de las ordenanzas de caminos, á todos aquellos que deban ser comprendidos en unas y otras al tenor de la legislacion del ramo;

2.° Que la ley de Partida, al establecer el principio de que los caminos públicos son imprescriptibles, no hace entre estos distincion alguna;

5.° Que las leyes de la Nov. Recop. desvanecen cualquiera duda que pudiera haber, én razon de que, además de establecer la accion administrativa directa para reparar tales usurpaciones, la declaran aplicable á lodo camino ó carretera por donde se acostumbre conducir viandas, con bestias ó carretas, ó llevarlas y traer. las de un lugar á otro;

4.° Que la circunstancia de que la usurpacion sea total y no parcial del camino no produce la menor alteracion en el carácter de imprescriptibilidad;

Y 5.o que siendo de la competencia de la Administracion el tomar medidas de conservacion y policia de los caminos públicos, no pueilen los procedimientos que dicte dejarse sin efecto en virtud de un interdiclo posesorio. (Coleccion legislativa.-1849.–Tomo 46, núm. 22.).[

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Santander y el Juez de primera instancia de Torrelavega, de los cuales resulta: Que destruida en 1834 por una avenida la carretera pública que por tierras de D. Antonio Bustamante, vecino de Santa Cruz, conducia al pueblo de Silio y montes comunes, y servia para las heredades limítrofes de la pradera de Riancho, el referido propietario al restituir dichas fincas al cultivo (que no consta la época en que lo verificó) no dejó espedita la carretera, sino que por el contrario sembró toda la finca, y la cercó de pared: Que en 25 de julio de 1847 el Ayuntamiento de Molledo acordó que Bustamante pusiese espedita la carretera dentro del tercero dia, y no habiéndolo este cumplido, ordenó en 3 de agosto siguiente que lo verificase para el dia inmediato, dándose en el caso contrario comision al pedáneo de Helguera para que lo llevase á efecto: Que llegado este último caso, y hecho saber á Bustamante la providenci: solicitó este y obtuvo de D. Pedro Cayon que por el portillo del prado que llevaba en arrendamiento, del Marqués de Cilleruelo, permitiese el paso que de él se exigia, hasta que segado el maiz de que tenia cargado su cierro, pudiese disponer lo conveniente: Que en 16 de marzo de 1848 el Alcalde de Molledo, en virtud de queja de D. José Fernández, vecino de Santa Cruz, previno al pedáneo referido que cumpliese el último acuerdo citado del Ayuntamiento, à lo cual opuso Bustamante, al tiempo de la notilicacion, que las tierras no eran ya de su propiedad por haberlas vendido á su cuñado D. Juan Do

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