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nal ordinario competente, mas no un interdicto (Coleccion legislativa.--1818.- Tomo 44, núm. 46.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Lérida y el Juez de primera instancia de Cervera, de los cuales resulta: Que agregada en virtud de Reales órdenes de 9 de noviembre de 1842, 15 de agosto de 1843, 22 de marzo de 1844 y 27 de abril de 1845 á la Universidad de Barcelona las rentas del colegio de la Asuncion, trasladado en otro tiempo de Lérida á Cervera, se dió á aquel establecimiento literario posesion de las mismas gubernativamente por el Gefe político en 8 de enero de 1843, y judicialmente en 23 de octubre de 1846: Que habiendo Juan Ruestes y Antonio Nivella entrado á labrar dos de las fincas comprendidas en esta posesion, reclamó la Universidad contra este acto como de despojo ante el Juez de primera instancia de Lérida por medio de un interdicto, á que se dió lugar en 23 de octubre de 1846: Que entre tanto don Gaspar Ruestes, 'hijo del espresado Juan, recurrió al de Cervera en igual forma y bajo el mismo concepto de despojo por la Universidad de Barcelona de una de las insinuadas fincas, de que con las demás pertenecientes al referido colegio tomó posesion por ante escribano público en 17 de agosto de 1843 en virtud de acuerdo de la Junta superior de gobierno, conforme á la disposicion del fundador: Que suministrada la correspondiente informacion obtuvo Ruestes el auto restitutorio á que aspiraba y que ocasionó una competencia entre dichos dos jueces, la cual fué decidida por la Audiencia de Barcelona á favor del de Cervera: Que acumulados á los de este los autos del de Lérida mandó aquel llevar y empezó á llevarse á. efecto el que habia proveido sobre el despojo reclamadu por Ruestes, en cuyo estado el Gefe político de la provincia proinovió de Real órden la competencia de que se trata:

Vista la Real orden de 8 de mayo de 1839, que no permite la admision de interdictos de amparo ni restitucion contra providencias de los Ayuntamientos sobre asuntos de su incumbencia segun las leyes:

Considerando: 1.° Que dejar sin efecto una Real órden espedida sobre asunto comprendido en las atribuciones del respectivo Ministerio es por su naturaleza privativo de este, porque solo así puede salvarse la independencia de su autoridad:

2.° Que las Rcales órdenes sobre agregacion de los bienes del colegio de la Asuncion de Cervera á la Universidad de Barcelona están en este caso, puesto que destinados dichos bienes esclusivamente á los alimentos de determinada clase de individuos durante sus estudios en la antigua Universidad de Cervera, no puede ponerse en duda que eran bienes destinados a la instrucion pública por mas que no se diese esta en el mismo colegio á que pertenecian:

3.° Que si D. Gaspar Ruestes se creyó perjudicado en el derecho que pretende tener sobre estos mismos bienes en virtud de lo dispuesto por el fundador de dicho colegio, debió acudir al Gobierno con la oportuna reclamacion, ó bien promover desde luego contra la Universidad de Barcelona el juicio plenario de posesion ó el petitorio ante el tribunal ordinario compelente, inas no un interdiclo, el cual si fuese suficiente para dejar sin efecto las indicadas Reales órdenes, haria inferior la condicion del Gobierno Supremo a la del último de los alcaldes y les Ayuntamientos, cuyas providencias administrativas no se pueden atacar en ningun caso por este medio, segun el espíritu y letra de la citada Real órden de 8 de mayo de 1839:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 24 de mayo de 1848.- Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernación del Reino, Luis José Sare torius.

225.

• Cañadas para el tránsito de ganados.- Se decide á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Santander y el Juez de primera instancia de Po. tes, con motivo de haber el alealde pedáneo de Ledagtes probibido la entrada de ganados en una de las cuatro cañadas que de tiempo inmemorial ha habido en dicho pueblo para tránsito de los mismos; y se resuelve :

1. Drie si los Ayuntamientos están facultados para deliberar sobre la formacion de reglamentos de policia rural, lo están sint duda por el mismo coso para dictar providencias particulares relativas à dicha policia;

Y 2.° que contra los acuerdos de este género, llevados á efecto por un alcalde pedáneo, no puede el Juez de primera instancia ad. mitir interdiclos, aun suponiendo que en aquellos ó en su ejecucion hubiese habido escesos, los cuales tocaria corregir al respectivo superior en el orden administrativo (Coleccion legislativa.-1848.Tomo 44, núm. 47.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Santander y el Juez de primera instancia de Poles, de los cuales resulta: Que de tiempo inmemorial ha habido en Ledantes, Ayuntamiento de la Vega, cuatro cañadas para el tránsito de ganados mayores y menores, habilitándose alternativamente dos de ellas cada año a este fin : Que el alcalde pedáneo de dicho pueblo no permitió la entrada en la primera de las indicadas cañadas á los ganados de algunos vecinos del espresado lugár: Que en 9 de de mayo de 1847 se dirigian á ella en el concepto de ser una de las dos habilitadas aquel año, encaminándalos á una de las otras dos: Que graduando de despojo este acto del alcalde pedáneo, intentaron ante el referido Juez dichos vecinos en 4 de junio siguiente un interdicto á que este dió lugar: Que reclamado el negocio por el Gere político en razon á que el pedáneo obró en cumplimiento de acuerdo del Ayuntamiento, autorizado para hacerlos en el asunto por la ley de orgazacion y atribuciones de estos cuerpos insistió el Juez en considerarse competente por haberse escedido el pedáneo en la ejecucion de lo que en dicho acuerdo se dispuso, habiendo resultado de aquí la competencia de que se trata: · Visto el artículo 81, párrafo 1.o de la citada ley, segun el cual toca á los Ayuntamientos deliberar sobre la formacion de reglamentos de policía rural: • Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839 que no permite los interdictos de manutencion y restitucion contra providencias de los Ayuntainientos én cosas de su atribucion segun la leyes:

Considerando: 1.° Que si estos cuerpos están facultados por la citada ley para deliberar subre la formacion de reglamentos de policía rural, lo es

tán sin duda alguna por el mismo caso para dictar providencias relativas á dicha policía :

2.° Que habiendo sido de este género los acuerdos del Ayuntamiento de la Vega, llevados á efecto por el alcalde pedáneo de Ledantes, no pudo el Juez de primera instancia de Potes dar lugar, segun la Real órden citada igualmente, al interdictu que ante él se propuso, aun suponiendo que en dichos acuerdos ó en su ejecucion hubiese habido escesos por ser privativa del respectivo superior en el orden administrntivo la facultad de corregir los de esta clase:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Palacio á 14 de junio de 1848.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

226.

Deslindo y amojonamiento de una hacienda de propiedad particular.-Se decide á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Murcia y el Juez de primera instancia de Totana, con motivo de haber Dona Juana Manuela Medo solicitado el deslinde y amojonamiento de una hacienda suya lindante con montes del Estado; y se resuelve:

Que atribuido á los Gefes políticos el deslinde y amojonamiento de los montes del Estado y sus colindantes, y á los Consejos provinciales el conocimiento de las cuestiones contenciosas relativas á este deslinde y amojonamiento que no versen sobre la propiedad, no pueden los Jueces de primera instancia admitir interdictos, ni aun de los Ayuntamientos, contra dichos deslindes y amojonamiento (Coleccion legislativa.—1848.-Tomo 44, número 48.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe pokiti. co de Murcia y el Juez de primera instancia de Totana, de los cuales resulta: Que Doña Juana Manuela Medo, vecina de dicha villa, solicitó del Gobierno politico el deslinde y amojonamiento de una hacienda, sita en el término de la misma, y lindante por todos lados con montes del Estado: Que mandada unir esta solicitud al espediente de deslinde general de dichos montes se reprodujo mas adelante por la interesada con el objeto de utilizar el monte alto y bajo que existia en la indicada hacienda; y despues de varias resoluciones por sin dispuso el Gefe político que el comisario de montes, teniendo a la vista los títulos de pertenencia de la reclamante, señalase los puntos hasta donde por no ofrecer duda pudiese estender la misma el aprovechamiento á que aspiraba, dejando de utilizar el resto hasta el deslinde general: Que llevada á efecto esta providencia, hizo la interesada el uso que tuvo por conveniente de la autorizacion que contenia, y mirando sus actos el Ayuntamiento de Totana como un despojo del com un á quien suponia pertenecer los terrenos donde se ejecutaron, intentó -en 23 de Diciembre último ante el referido Juez y le fué admitido por este un interdicto restitutorio, que dió lugar a la competencia de que se trata, promovida por el Gefe político:

Visto el Real decreto de 1.o de abril de 18-16 que declara de la incum. hencia de estos funcionarios, como encargados de la administracion civil en sus respectivas provincias, el deslinde de los montes del Estado y de Jos que conlinen con ellos en todo o en parte, ya pertenezca a los prop jos y comunes, ya á las corporaciones y establecimientos públicos ó ya á' Jos particulares:

Visto el artículo 8.', párrafo 7.o de la ley de 2 de abril de 1845 sobre organizacion y atribuciones de los Consejos provinciales, segun el cual corresponde á estos cuerpos decidir las cuestiones contenciosas relativas al. deslinde y amojonamiento de dichos montes, reservando las que tienen por objeto la propiedad a los tribunales competentes: · Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839 que no permite los interdictos de amparo y restitucion cuando se dirigen contra providencias de los Ayuntamientos y Consejos provinciales sobre asuntos de su respectiva atribucion segun las leyes:

Considerando: Que atribuido a los Gefes políticos por el citado Real decreto el deslinde y amojonamiento de los montes del Estado y sus colindantes, y á los Consejos provinciales por su ley orgánica citada igualmente, el conocimiento de las cuestiones contenciosas relativas a este deslinde y amojonamianto que no versen sobre la propiedad, no pudo el Juez de primera instancia de Totana admitir el interdicto del Ayuntamiento de la misma sin contrariar la mencionada Real órden de 8 de mayo de 1839 que comprende en su espíritu á todas las autoridades administrativas:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 5 de julio de 1848.--Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

227. .

Campos dados en enfiteusis por un Ayuntamiento: frutos destinados por el mismo para los gastos de fábrica de la iglesia.-Se decide a favor de la autoridad judicial la competencia suscitada entre el Gefe político de Huesca y la Audiencia de Zaragoza, con motivo de haber varios eufiteutas del Ayuntamiento de Monzon vendido sus campos á los vecinos de Binefar; y se resuelve:

1.° Que cuando la cuestion sobre que versa el pleito reclamado por el Gefe politico no es relativa al uso y distribucion de los bienes o aprovechamientos comunales, sino á la pertenencia en propiedad de los bienes de esta clase, no incumbe conocer de ella á los Consejos provinciales;

Ý 2.o que tampoco les incumbe conocer de los contratos que no tienen por objeto inmediato un servicio ú obra publica (Coleccion legislativa.—1848.— Tomo 44, número 49.)

En el espediente y aulos de competencia suscilada entre la Audiencia de Zaragoza y el Gefe político de Huesca, de los cuales resulta: Que con aprobacion del Consejo de Castilla consignada en Real provision de 20 de julio de 1772, el Ayuntamiento de Monzon, como patronato de la colegial de aquella villa, destinó para los gastos de fábrica y aceptó el cabildo, mediante escritura de 31 de Agosto del mismo año, un dieziseisava

de los frutos de los cainpos llarnados de Gracia que el Ayuntamiento daba en enliteusis á los vecinos, reservándose el dominio directo y estipulando espresamente que si los enfiteutas dejaban de cultivar estos campos por tres anos podia dicha corporacion darlos á otros vecinos, sin que en ningun caso se trasfiriese al que no lo fuera con diez años de domicilio en la villa y sin prévia licencia del dueño directo: Que vendidos por varios de dichos enfiteutas muchos de los espresados campos á diferentes vecinos de Binefar, viéndose estos al cabo de inuchos años perturbados en la posesion de la partida de Fajarnes, comprendida entre dichos campos de Gracia, alcanzaron de la referida Audiencia en 29 de Mayo de 1832 una firma posesoria; mas habiendo contrafirmado el Ayuntamiento de Monzon, alegando sus esclusivos derechos, proveyó á su favor aquel tribunal en 24 de Abril de 1833: Que entablado por los vecinos de Binefar el juicio plenario de posesion vencieron en él; mas en el juicio de propiedad, que promovió en consecuencia el Ayuntamiento de Monzon, recayó en primera instancia y fué confirmado en la segunda el fallo á que aspiraba dicho cuerpo, y habiendo suplicado de estil sentencia los vecinos de Binefar, promovió el Gefe político durante el grado de revista la competencia de que se trata:

Visto el artículo 8.', párrafo 1.o de la ley de 2 de Abril de 1845 que atribuye á los Consejos provinciales la decision de las cuestiones contenciosas relativas al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales:

Visto el párrafo 3.o del mismo artículo que autoriza a estos cuerpos para fallar las cuestiones contenciosas que se suscitan sobre cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los contratos y remates celebrados con la administracion civil ó con las provinciales y municipales para toda especie de servicio y obras públicas:

Considerando: 1.° Que la cuestion sobre que versa el pleito reclamado por el Gefe politico de Huesca no es relativa al uso y distribucion de los bienes ó aprovechamientos comunales, sino á la pertenencia en propiedad de bienes de esta clase, no siendo en consecuencia aplicable el citado artículo 8.', párrafo 1.o de la ley de 2 de Abril de 1815:

2.° Que tampoco tiene aplicacion el párrafo 3.o del mismo artículo, porque los contratados que mediaron en este negocio no tuvieron por objeto ininediato un servicio ú obra pública:

3.° Que no habiendo como no hay razon alguna valedera que sustituir á estas dos disposiciones legales en que se apoya dicho gefe, carece su reclamacion de fundamento:

Oid el Corsejo Real, vengo en decidir á favor de la autoridad judicial esta competencia. Dado en Palacio á 5 julio de 1848.--Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

228.

Fundacion de una escuela de primera letras.Se decide á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Lérida y el Juez de priinera instancia de la Seo de Urgel, con motivo de exigirse dicha fundacion por el pueblo de Prast i Sampsor en cumplimiento de la última voluntad de don Salvador Gambus; y se resuelve:

ΤΟΜΟ Ι.

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