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Administracion. Dado en Palacio á 23 de febrero de 1848.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

210.

Deslinde de términos.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Valencia y el Juez de primera instancia de Gandía, con motivo del espediente instruido ante la Diputacion provincial para el deslinde de los términos de Luchente, Cuatretonda, Pinel y Benicolet; y se resuelve:

1.° Que es un pleito relativo al deslinde de los términos de los pueblos, cuando su resultado ha de fijar los que hayan de ser;

Y 2.° que en los pleitos que proceden de una disposicion administrativa, deben conocer los Consejos provinciales (Coleccion legislativa.—1848.- Tomo 43, núm, 32.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Valencia y el Juez de primera instancia de Gandia, ile los cuales resulta: Que instruido espediente ante la Diputacion de aquella provincia para el deslinde de los términos de Luchente, Cuatretonda, Pinet y Benicolet se acordó por la misma en 11 de marzo de 1842 que se procediese á la division de términos en cuanto á pastos y montes, segun solicitaba el Ayuntamiento del segundo de dichos pueblos, entre el inismo y los otros tres, tomando por base su respectivo vecindario: Que el de Benicolet, crevéndose privado por este acuerdo de un deterininado terreno que tenia por suyo, intentó ante el referido Juez un interdicto de amparo á que este dió lugar, prévia la correspondiente informacion, sin perjuicio del que mejor derecho acreditase en juicio ordinario: Que en uso de esta reserva provocó el plenario de posesion el ayuntamiento de Luchente, contrayéndose al terreno llamado la Redonda de aquel pueblo, que habia sido comprendido en dicho amparo, y pendiente el pleito promovió el Gefe político la competencia de que se trata:

Visto el artículo 8.", párrafo 6.o de la ley de 2 de abril de 1845 que atribuye á los Consejos provinciales el conocimiento de las cuestiones contenciosas relativas al deslinde de los términos correspondientes á pueblos y Ayuntamientos, cuando estas cuestiones proceden de una disposicion administrativa:

Vista la Real órden de 24 de octubre de 1846 que declara corresponder á los tribunales administrativos los negocios contenciosos de esta clase pendientes ante los tribunales y juzgados.

Considerando: 1.° Que el pleito reclamado por el Gefe político de Valencia es relativo al deslinde de los términos de los pueblos que le sostienen, porque su resultado ha de fijar los que hayan de ser:

2.° Que este pleito procede de una disposcion administrativa, puesto que su primer origen fué el acuerdo de 11 de marzo de 1842 de la Diputacion provincial de Valencia:

3.° Que siendo esto así no cabe duda en que está comprendido en la ley y Real órden citadas: . Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de TOMO 1.

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la Administracion. Dado en Palacio á 23 de febrero de 1848.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sautorius.

211.

Omision de una protesta en las actas de un Ayuntamiento sobre reemplazo.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Toledo y el Juez de primera instancia de Puente del Arzobispo, á consecuencia de la querella de Domingo Cabello contra el secretario del ayuntamiento de Navalmoralejo; y se resuelve:

1.° Que correspodiendo á los Consejos provinciales corregir las contravenciones que de los espedientes de quintas resulten, y remitir los documentos oportunos al tribunal competente cuando aparezcan delitos que exijan formacion de causa, es manifiesto que les corresponde privativamente calificar los hechos consignados en dichos espedientes para adoptar una de estas dos determinaciones; * Y 2.° que cualquiera causa que formen los jueces de primera instancia, prescindiendo de esto, es improcedente ó prematura (Coleccion legislativa.—1848.— Tomo 43, 'núm. 33.).

· En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Toledo y el Juez de primera instancia de Puente del Arzobispo, de los cuales resulta: Que en 12 de junio de 1847 Domingo Cabello, vecino de Navalmoralejo, presentó querella al referido Juez contra el secretario del Ayuntamiento de dicho pueblo, porque habia omitido en el acta de la sesion que aquel cuerpo celebró para la declaracion de soldados correspondiente al reemplazo de 1816 una protesta que el querellante hizo y le fué admitida contra la exencion declarada a favor de Pedro Caja, y en perjuicio de su hijo, á quien por efecto de ella tocó la suerte de soldado: Que instruidas diligencias, y habiendo pedido el Juez al Gefe político testimonio de las que se formaron para la insinuada declaracion promovió este la competencia de que se trata :

Vistos el artículo 88 de la ley de 2 de noviembre de 1837 y el 2.° de 4 de octubre de 1846, en cuya virtud estaban antes las Diputaciones, y están en la actualidad los Consejos provinciales, autorizados para imponer multas á los alcaldes, Ayuntamientos, secretarios de estos, facultativos ú otras personas que incurran en alguna contravencion a lo prescrito por la primera de ellas, debiendo pasar le oportuna certificacion y los demás documentos al tribunal competente para la formacion de causa, cuando aparezca delito que merezca pena corporal, ó de privacion ó suspension de oficio ó del ejercicio de alguna profesion:

Visto el artículo 3.', párrafo 1.o del Real decreto de 4 de junio de 1844, segun el cual los Geles políticos pueden suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales cuando el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion:

Considerando: 1.° Que por el mismo caso de corresponder, segun las citadas leyes, á los Consejos provinciales corregir las contravenciones a las mismas que de los espedientes de quinta resulten, y remitir los documentos oportunos al tribunal competente cuando aparezcan delitos que exijan

formacion de causa, es manifiesto que les corresponde privativamente calificar los hechos consignados en dichos espedientes para adoptar una de estas dos terminaciones:

2.° Que bajo este concepto la causa formada por el Juez de primera instancia de Puente del Arzobispo al secretario del Ayuntamiento de Navalmoralejo es ó improcedente o prematura; improcedente si la omision imputada á dicho secretario resultare ser de lal naturaleza, atendidas todas las circunstancias, que no la requiera para su correccion, bastando la que el Consejo provincial puede imponer; prematura, si la exige, porque toca al mismo determinar esto préviamente:

3.° Que por lo mismo el Gefe político de Toledo ha reclamado fundadamenten, segun el Real decreto citado asimismo, dicha causa :

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 23 de febrero de 18.48. Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reirio, Luis José Sartorius.

212.

Prohibicion de recoger molienda y llevarla á molinos de otro término.-Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Granada y el Juez de primera instancia de Albuñol. á consecuencia del amparo pedido por D. Francisco Almendro y D. Márcos Tarifa en el derecho que tenian como dueños de los molinos de Cadiar; y se resuelve:

1Que el Gefe politico al calificar de abuso la costumbre introducida en un pueblo de escluir los dueños de los molinos de su término á los molineros de los otros pueblos de la participacion en el servicio del vecindario, puede tomar cualquiera disposicion contra la misma, bajo el concepto de ser contraria á la libertad de industria;

Y 2.° que si los dueños de los molinos privilegiados creen que el Gefe politico, desterrando la costumbre, lastima su derecho, tienen el de reclamar ante el gubernativamente, ó ante el Consejo provincial en su caso (Coleccion legislativa---1848. — Tomo 43, número 34.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Granada y el Juez de primera instancia de Albuñol, de los cuales resulta ; Que D. Francisco Almendro y D. Márcos Tarifa acudieron á dicho Juez en 13 de setiembre de 1843, pidiendo los amparase en el derecho que tenian como dueños de los molinos de Cadian de impedir á los molineros de Narila y de los otros pueblos entrasen en aquel con bestias, campanillas y acarreto para recoger molienda y llevarlas á sus molinos : Que además de la informacion que suministraron sobre este derecho esclusivo de que segun ellos habian gozado los dueños de los molinos de Cadian, presentaron en confirmacion las diligencias de otro interdicto igual promovido en 1779 por los que en aquella época los poseían, el cual se declaró admisible, como correspondia se declarase el intentado por ellos, evi

tándoles asi los grandes perjuicios que de lo contrario se les seguirian en razon á exigirles por su disfrute el Ayuntamiento un cánon considerable: Que el Juez dió lugar á este interdicto; mas en 16 de junio de 1846 acudieron en queja contra los favorecidos por su providencia algunos vecinos de Cadian al Gefe político por los perjuicios que les causaba el ejercicio del insinuado derecho, y pidieron se declarase á favor de los molineros de los otros pueblo la libertad que los dueños de los del suyo les negaban: Que uno de estos acudió tambien oponiéndose á esta solicitud como con: traria a la costumbre establecida en Cadian sobre el particular, y el Gefe politico, oido el Ayuntamiento de aquel pueblo, accedió á lo solicitado por los vecinos recurrentes del mismo, y espidió la orden oportuna para su cumplimiento á dicho cuerpo, habiendo resultado de las contestaciones que mediaron con este motivo entre aquella autoridad superior y el referido Juez la compencia de que se trata :

Visto el art. 4.', párrafo 1.o de la ley para el gobierno de las provincias de 2 de abril de 1843, segun el cual corresponde á los Gefes políticos publicar, circular, ejecutar y hacer que se ejecuten en la provincia de su mando las leyes, decretos, órdenes y disposiciones que al efecto les comunique el Gobierno:

Visto el art. 1.o del decreto restablecido de las Cortes de 8 de junio de 1813 que sancionó la libertad de industria:

Visto el art. 9.o de la ley de organizacion y atribuciones de los Consejos provinciales que declara del conocimiento de estos cuerpos todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administracion civil, para lo cual no establezcan las leyes juzgados especiales :

Considerando: 1.° Que segun la citada ley para el gobierno de las provincias, el Gefe político de Granada, calificando de abuso la costumbre introducida en Cadiau de escluir los dueños de los molinos de su término á los molineros de los otros pueblos de la participacion en el servicio del vecindario en esta parte esencial, pudo tomar la disposicion que tomó contra ella, bajo el concepto de ser contraria á la libertad de industria que el decreto igualmente citado estableció en el interés público para promover el progreso con la rivalidad y la baratura con la concurrencia:

2.° Que si los dueños de los molinos de Cadian, interesados en la continuacion de esta costumbre, creen que desterrándola el Gefe político lastima el derecho que en su opinion les atribuye, tienen el de reclamar ante él gubernativamente, ó ante el Consejo provincial en su caso, por ser manifiestamente la cuestico que de aquí nace contencioso-administrativa, estar como tal comprendida en el art. 9." citado tambien de la ley de ore ganizacion y atribuciones de estos cuerpos :

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Palacio á 23 de febrero de 1818. --Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

213.

Arrendamiento de tierras con reserva del aprovechamiento de las rastrojeras de las mismas.-Se decide á favor de la autoridad judicial la competencia suscitada entre el Gefe político de Badajoz y el Juez de primera

instancia de Villanueva de la Serena, á consecuencia de haber acudido á este D. Francisco Femandez Cano, sobre el despojo de dichas rastrojeras; y se resuelve:

Que negado por un particular el derecho al aprovechamiento de las rastrojeras de sus tierras que pretende tener el comun de vecinos, y cuya posesion actual no prueba ningun documento, y mucho menos el informe de su Ayuntamiento, la cuestion que de aquí resulta es relativa á este derecho, y no á su uso (Coleccion legislativa. -1848.— Tomo 43, núm, 35.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Badajoz y el Juez de primera instancia de Villanueva de la Serena, de los cuales resulta: Que D. Francisco Fernandez Cano, vecino de Magacela, acudió al referido Juez en 23 de junio de 1846, manifestando que tenia dadas en arrendamiento unas lierras de pan llevar, sitas en aquel término, con la reserva espresa para sí del aprovechamiento de las rastrojeras de las mismas; pero D. Juan Pablo y D. Eusebio Ramirez, sus convecinos, le habian despojado de este derecho introduciendo sus ganados en aquellas, por lo cual propuso y le fue admitido por el Juez, prévia la correspondiente informacion, un interdicto restitutorio : Que mientras se practicaban las diligencias de ejecucion del auto que sobre ello le proveyó, hizo presente el alcalde de Magacela lo ocurrido al Gefe político, diciendo que la villa gozaba del derecho que pretendia Cano para sí: Que aquel mandó al alcalde justificase documentalmente este derecho, y en su cumplimiento se estendió un testimonio de lo prevenido en el capítulo de la visita que hizo de la villa Fr. Diego de Vera y Alburquerque, caballero del hábito de Alcántara, visitador general por el Rey D. Carlos II, y capítulo general de la misma órden, en cuyo documento, que no tiene fecha, se manifiesta que aquel impuso penas á los vecinos que introdujesen sus ganados en las rastrojeras antes de levantar los frutos, deduciéndose de aquí la libertad de hacerlo despues : Que el Gefe politico en vista de este testimonio y del inforine del Ayuntamiento que acompañó el alcalde, asegurando que los vecinos habian disfrutado de este derecho sin oposicion desde tiempo inmcinorial, provocó la competencia de que se trata :

Visto el párrafo 1.', art. 8.° de la ley de 2 de abril de 1945, segun el cual toca á los Consejos provinciales el conocimiento de las cuestiones contenciosas relativas al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales :

Considerando : Que negado por D. Francisco Fernandez Cano el derecho al aprovechamiento de las rastrojeras de sus tierras que el comun de vecinos de Magacela pretende tener, y cuya posesion actual no prueba el documento remitido por el alcalde de dicha villa al Gefe político, y mucho menos el informe del Ayuntamiento de la misma, la cuestion que de aquí resulta es relativa á este derecho, y no á su uso; por lo cual la espresada disposicion de la citada ley no tiene aplicacion al presente caso :

Oido el Consejo Real, vengo en decidir a favor de la autoridad judicial esta competencia. Dado en Palacio á 23 de febrero de 1848.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino , Luis José Sartorius.

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