Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Duel Sivianes, por el alcalde de Santiponce; y se resuelve:

1.° Que cuando el Gefe politico no se arregla en su comunicacion al Juez de primera instancia á lo prescrito en el Real decreto de 6 de junio de 1844, no debe el Juez suspender las actuaciones;

Y 2.o que en consecuencia de esto, terminado ejecutivamenle el juicio de denuncia, cualquiera reclamacion del Gefe politico al Juez es demasiado tardia (Coleccion legislativa.—1848. — Tomo 43, dúmero 28.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico y uno de los jueces de primera instancia de Sevilla, de los cuales resulta: Que sorprendido Manuel Sivianes en 13 de setiembre de 1846 apacentando 17 yeguas en la dehesa de Palmilla, término de Santiponce, 'fué denunciado ante el alcalde de la última de estas dos villas: Que formadas diligencias y debiendo recibirse declaracion al denunciado, el teniente de alcalde por la circunstancia de no estar sujeto a su jurisdiccion remitió aquellas al indicado Juez: Que mandado tasar el daño hecho por las veguas y resultando no ser mas que de 51 reales se redujo el negocio a juicio verbal: Que antes de terminarle dirigió al Juez el vicepresidente del Consejo provincial, como Gefe político interino, una comunicacion en la que insertando una esposicion de los dueños de las yeguas para que se reclamara de aquel el conocimiento, le exigia que diera al asunto el lugar que correspondiese: Que el Juez, oido el promotor fiscal, contestó manifestando las razones en que se apoyaba para considerarse competente, y continuó el juicio comenzado terminándole con el fallo definitivo que estimó justo; y en este estado el Gefe político promovió la competencia de que se trata:

Visto el artículo 1.o del Real decreto de 6 de junio de 1844 que establece como primer trámite en las contiendas de jurisdiccion y atribuciones la propuesta de inbibicion y la peticion de la consiguiente remesa de las actuaciones, dirigida una y otra por el Gefe político al Juez ó tribunal:

Visto el articulo 2.o del mismo Real decreto, que señala como primer efecto de esta propuesta y peticion la suspension de todo procedimiento:

Visto este Real decreto en la totalidad de sus disposiciones contraidas todas á los negocios pendientes:

Visto el artículo 3.', párrafo 3.o del Real decreto de 4 de junio último que no permite la provocacion de dichas contiendas en negocios terminados por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada:

Considerando: 1.° Que no hadiéndose arreglado á lo prescrito en el artículo 1.o del citado Real decreto de 6 de junio de 1844, el Gefe político interino en su comunicacion al Juez no debió este suspender las actuaciones como el artículo 2.o citado tambien dispone precisamente para el caso contrario:

2.° Que terminado ejecutoriamente el juicio de denuncia despues de esto, la reclamacion del Gefe político al Juez fué ya tardía, segun el mismo Real decreto, confirmado esplicitamente en esta parte por el artículo 3.0 igualmente citado del de 4 de junio próximo pasado; por lo cual no puede calificarse de bien formada esta competencia:

Oido el Consejo Real, vengo en declarar que no há lugar á decidirla. Dado en Palacio á 23 de febrero de 1848-Está rubricado de la Real mano. -El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

207.

Estafas y fraudes cometidos en el reparto y cobranza de contribuciones.-Se decide contra la Administracion la competencia suscitada entre el Intendente de Lugo y el Juez de primera instancia de Mondoñedo, con motivo de la averiguacion mandada por el alcalde de dicha villa acerca de los espresados delitos; y se resuelve:

1.° Que los delitos de estafa y falsedad no están ni pueden estar sujetos á una correccion gubernativa, ni comprendidos en los artículos 62 y 63 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, los cuales indudablemente se contraen á los incidentes civiles y á las medidas coactivas de apremio y pago para hacer efectivo el de los debitos por contribuciones;

Y 2.° que para la represion de los insinuados delitos es indispensable una jurisdiccion de que carecen los Intendentes como tales, y que si les compete como subdelegados de rentas, deben sostener con arreglo á la ley la competencia que corresponda (Coleccion legislativa.—1848.–Tomo 43, núm. 29.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Intendente de Lugo y el Juez de primera instancia de Mondoñedo, de los cuales resulta: Que en 15 de enero de 1846 mandó el alcalde de dicha villa se procediese á la averiguacion de las estafas y fraudes que de público se decia haberse cometido en el reparto y cobranza de contribuciones de la Rillera de Ambróz: Que del espediente formado en consecuencia resultó que se habian falsificado los asientos de repartimientos, y cometido por este medio algunas estafas: Que impuesta por el Ayuntamiento en su vista á dos que aparecieron autores de dicha falsedad la correccion gubernativa que crevó estar en sus facultades, remitió el espediente original al Gefe politico: Que al mismo tiempo denunciaron algunos vecinos del espresado pueblo al referido Juez los excesos que habian sido objeto de la mencionada indagacion, manifestando que estaban justificados en el referido espediente: Que pedida al Ayuntamiento por el Juez una esplicacion sobre el particular, contestó que habiéndose consentido por los penados la providencia gubernativa que contra ellos se dictó, y hallándose esta ejecutada ya en todas sus partes, creía que el negocio era concluido: Que el Juez, opinando del mismo modo, sobreseyó; mas la Audiencia dejó sin efecto el sobreseimiento, mandándole continuar la causa segun su estado contra los estafadores y los que se hubieren intrusado á resolver negocios estraños á sus atribuciones: Que reclamado por el Juez en cumplimiento de esta providencia el espediente del Ayuntamiento, contestó el alcalde que obraba en poder del Gefe político; y reiterada con igual resulta lo esta reclamacion, mandó el Juez se procediera contra el Ayuntamiento, pidiéndose para ello á dicho Gefe la correspondiente autorizacion: Que este para resolver acerca de ella pidió informe al Intendente remitiéndole el espediente con este objeto; y habiéndole retenido por corresponderle todo lo relativo á contribuciones, manifestó al Gefe politico que el Ayuntamiento se habia arre, glado á lo que disponen los artículos 62 y 63 del Real decreto de 23 de inayo de 1845, siendo por ello intachable su conducta en el negocio: Que negada en vista de este informe por aquel al Juez la autorizacion que habia pedido, y habiéndosele indicado al mismo tiempo que el Intendente habia retenido el espediente insinuado, le pidió el Juez una certificacion de él: -mas lejos de remitírsela le propuso la inbibicion en las diligencias que hu- biese practicado y su remesa, siendo este el origen de la competencia de que se trata: .

Vistos los indicados artículos 62 y 63 del Real decreto de 23 de mayo de 1845, por el primero de los cuales se faculta á los alcaldes para suspender bajo su responsabilidad a los cobradores de contribuciones que no cumplan exacta y puntualmente sus obligaciones; y por el segundo se consideran gubernativos todos los procedimientos de la cobranza, sin esceptuar los que llevan consigo medidas coactivas contra las personas que tomen parte en ella, ó en los repartimientos, prohibiéndose el mezclarse en estos procedimientos á los tribunales ó juzgados mientras se trate del interés dia recto de la Hacienda pública:

Vistos los capítulos 7.', 8.° y 9.o del mismo Real decreto que determin nan las medidas coactivas que deben emplearse contra los contribuyentes 'morosos, y en su caso contra los cobradores, los Ayuntamientos y los alcaldes, las cuales principalmente consisten en el apremio con ejecucion y venta de bienes :

Considerando: 1.° Que la causa pendiente ante el juez de primera instancia de Mondoñedo tiene por objeto el castigo de los delitos de estafa y falsedad que no están ni pueden estar sujetos á una correccion gubernativa. ni comprendidos en los citados artículos 62 y 63 de dicho Real decreto? los cuales indudable y manifiestamente se contraen a los incidentes civiles y á las medidas coactivas de que hablan los capítulos citados tambien del mismo Real decreto, reducidos principalmente al procedimiento de apremio y pago para hacer efectivo el de los débitos por contribuciones:

2.0 Que para la represion de los insinuados delitos es indispensable una jurisdiccion de que carece el Intendente de Lugo como tal, y que si le compete como subdelegado de Rentas, debe sostener provocando, con arreglo á la ley, una competencia de órden distinto al de la presente:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia contra la Administracion. Dado en Palacio á 23 de febrero de 1848.--Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius,

208.

Desmanes cometidos por un demente.-Se decide á favor de la autoridad judicial la competencia suscitada entre el Gefe político de Valladolid y el Juez de primera instancia de Nava del Rey, con motivo de haber mandado el alcalde asegurar en la cárcel al demente Gabriel Martin; y se resuelve:

1. Que cuando la causa formada á un alcalde no se halla en ninguno de los dos casos de escepcion que comprende el art. 3.°, párrafo 1.o del Real decreto de 4 de junio de 1847, no puede en su virtud corresponder el conocimiento de ella, ni preliminar ni definitivo, al Gefe politico;

Y 2.° que tampoco puede este reclamarle, por no haber prece. dido su autorizacion á la causa contra el alcalde, aun siendo incuestionable la necesidad de este requisito, cuando el alcalde procedió gubernativamente, é impuso alguna correccion como incidente de este procedimiento (Coleccion legislativa.-1848.- Tomo 43, núm. 30.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Valladolid y el Juez de primera instancia de Nava del Rey, de los cuales resulta: Que con motivo de los desmanes cometidos por el demente Gabriel Martin, vecino de Torrecilla de la Orden, mandó el alcalde de aquella villa asegurarle en la cárcel, previniendo al médico D. Estéban Arce que le observase para dar la corresponiliente declaracion: Que al prestarla, creyendo el alcalde ver en ella una censura de su disposicion, impuso al médico una multa de 100 reales y dos dias de arresto; y habiendo por ello y por la reclusion del demente Martin formado causa al alcalde el referido Juez, la reclamó el Gefe político, resultando la competencia de que se trata:

Visto el artículo 73, párrafo 2.o de la ley de 8 de enero de 1845 que faculta á los alcaldes para adoptar, donde no hubiere delegado del Gobierno para este objeto, todas las medidas protectoras de la seguridad personal bajo la autoridad inmediata del Gefo político:

Visto el artículo 3.°, párrafo 1.o del Real decreto de 4 de junio de 1847, que solo permite a los Gefes políticos provocar competencias en los juicios criminales cuando corresponda, segun la ley, a los funcionarios de la Administracion el castigo ó requiera este la decision prévia de una cuestion administrativa:

Visto el párrafo 4.° del mismo artículo, segun el cual no puede ser fundamento para la dicha provocacion el no haber precedido la autorizacion correspondiente para procesar á los empleados de la Administracion en concepto de tales:

Considerando: 1.° Que no hallándose la causa formada al alcalde de Torrecilla de la Orden en ninguno de los dos casos de escepcion del artículo 3.°, párrafo 1.o del citado Real decreto, no puede en su virtud corresponder el conocimiento de ella, ni preliminar ni definitivo al Gefe político:

2.° Que tampoco podria reclamarle, segun el párrafo 4.o del mismo artículo, por no haber precedido su autorizacion á la causa contra el alcalde, aun siendo incuestionable, como lo parece, la necesidad de este requisito en el presente caso, porque dicho funcionario en la reclusion que decretó contra el demente Gabriel Martin, en concepto de tal procedió gubernativamente autorizado por el artículo 72, párrafo 2.° de la citada ley, y la correccion que impuso al médico D. Estéban Arce, fué un incidente de este procedimiento:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir á favor de la autoridad judicial esta competencia, Dado en Palacio á 23 de febrero de 1848.-Está rubricado de la Real mano,-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

209.

Custodia de frutos y conservacion de arbolado, -Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada

entre el Gefe político de Toledo y el Juez de primera instancia de Talavera de la Reina, con motivo del fondo creado por el alcalde de esta villa para el pago de guardas del término; y se resuelve:

1.° Que cuando un arbitrio, para ocurrir á los gastos de policia rural, está primero aprobado por un Ayuntamiento, y despues por el Gefe politico, toma el carácter de providencia administrativa, de una providencia sobre cosas que son objeto legal de las atribuciones de la Administracion;

Y 2.° que contra providencias de esta clase no se admiten interdictos (Coleccion legislativa.—1848.- Tomo 43, núm. 31.).

En el espediente y autos de competencia suscitados entre el Gefe politico de Toledo y el Juez de primera instancia de Talavera de la Reina, de los cuales resulta: Que el Alcalde de aquella villa espuso al Gele político la necesidad de adoptar medidas eficaces para la custodia de los frutos y conservacion del arbolado de su término; y siendo en su concepto la mas principal crear un fondo para el pago de guardas, propuso á este fin la enagenacion de las yerbas de los olivares a favor de los ganaderos de cerda, despues de alzado el fruto, como ya se habia practicado otras veces: Que el Gefe político mandó que el Ayunlainiento, en union con un número de contribuyentes igual al de los concejales, informase sobre el particular: Que habiéndolo verificado favorablemente aprobó dicho Gefe el arbitrio propuesto, despues de oir al Consejo provincial, y comunicó esta aprobacion en 13 de enero de 1846: Que a consecuencia de ello varios vecinos de la espresada villa intentaron ante el referido Juez, y les fué admitido por este un interdicto de amparo, que motivó la competencia de que se trata, promovida por el Gefe politico:

Visto el art. 74, párrafo 5.o de la ley de 8 de enero de 1845, que encarga á los Alcaldes el cuidado de todo lo relativo á policía rural:

Visto el artículo 81, párrafo 1.o de la misma ley, segun el cual los Ayuntamientos deliberan sobre la formacion del reglamento de dicha policía:

Visto el párrafo 7.o de este mismo artículo que hace estensiva la espresada deliberacion de los Ayuntamientos á la creacion de arbitrios municipales, y el párrafo final que exige la aprobacion prévia del Gefe político, ó la del Gobierno en su caso para que estos acuerdos sean ejecutorios:

Vista la Real órden de 8 de mavo con cuya terminante disposicion están en oposicion abierta los interdictos de restitucion ó amparo, motivados por providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en asuntos de su respectiva atribucion segun las leyes:

Considerando: 1.° Que sometido por el Gefe político de Toledo á la deliberacion del Ayuntamiento de Talavera el arbitrio que el Alcalde de aquela villa le propuso para ocurrir á un gasto perteneciente al servicio de la policía rural de la misma; y aprobado este arbitrio primero por dicho cuerpo, y despues por el espresado jefe, tomó, segun las disposiciones legales citadas, el carácter de providencia administrativa, de una providencia dictada sobre cosas que son objeto legal de las atribuciones de la Administra

cion:

2.° Que contra providencias de esta clase no permite la Real órden igualmente citada que se admitan interdictos como el de amparo á que el Juez de primera instancia de Talavera dió lugar:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la

« AnteriorContinua »