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personal, siendo en consecuencia personal tambien y no hipotecaria sit obligacion : 1.° Porque en ninguna de dichas instrucciones se menciona, con respecto á aquellos cuerpos, semejante responsabilidad, y sí solo en el artículo 1.o de la mas antigua se les sujeta i ma mucomunidad de obligacion que puede tener lugir, hillese ó no esta aseguradu cou hipoteca, y cualquiera que esta sea, tácita ó espresa, general ó especial. 2.° Porque si tal se dijere, no se significaria con ello otra cosa sino que los individuos de los Ayuntamientos tendrian en su caso que sufrir aprenios, no solo en sus bienes como todo deudor, sino en sus personas, con arreglo á los citados artículos 28 y 29 de la primera de dichas instrucciones, confirmadas por el 15 tambien citado de la segunda; y en fin, p apuc dirigida tan solo una y otra á regularizar este servicio, no cbe suponer q11e quisieron dejarlo sin el resguardo de la hipoteca de que se trati, suprimiendola sin objeto alguno:

4.° Que existiendo esta , como se evidencia por lo dicho, y siendo terminante y general la disposicion del indicado artículo 9.o de la instruccion del 2 í, los negocio; como el presente son gubernativos, va se dirija el apremio contra el mismo deudor, va contra un tercero que posea bienes tácitamente hipotecados á la seguridad de la deuda, por lo cual el artículo 10, indicado tambien, de la mismi instruccion que atribuve á los Intendentes la facultad privativa de espedir estos apremios, y que conservó su fuerza y vigor con los demás aquí mencionados, en virtud del referido artículo 38 de la instruccion del 29, á que no son opuestos, escluye la pretension del juzgado ile la Capitania general de Cataluña:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 4 de noviembre de 1817.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

169.

Terrenos comunes poseidos como de propiedad particular.-Se decide a favor de la autoridad judicial la doble competencia suscitada entre el Gefe político de Toledo y el Juez de primera instancia de Navahermosa, con motivo del interdicto presentado por D. José María Ortega contra un acuerdo del Ayuntamiento de dicha villa; y se resuelve:

1.° Que si las providencias que ilicta un Ayuntamiento tienen por objeto reparar el daño causado al comun por una usurpacion mas o menos reciente y fácil de comprobar, pueden sin violencia considerarse como actos pertenecientes al cuidado de los montes que las leyes les encargan;

Y 2.° que no siendo de esta clase la usurpacion presunta que motiva sus providencias, es evidente que el Ayuntamiento traspasa el límite de sus atribuciones (Coleccion legislativa.—1847.- Tomo 42, número 94.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Toledo y el Juez de primera instancia de Navalermosa, de los cuales resulta : Que el Ayuntamiento de aquella villa, presumiendo que un terreno montuoso que poseía como propio D. José María Orlega en aquel término era de la pertenencia del comun, entre otros motivos por haber sido carboneado en tal concepto cn 1837 v 38, acordó en 20 de setiembre de 1814 que se exigiese á dicho poseedor la exhibicion del título de propiedad: Que. intimado al misino este acuerdo, acudió al referido Juez por medio de interdicto, y obtuvo de él un auto de amparo en 9 de enero de 1846, el cual dió márgen á la primera de las dos competencias de que aquí se trata, promovidas por el Gefe político, habiendo motivado la segunda un auto restitutorio proveido por el mismo Juez en 26 de octubre de aquel año á instancia de Ortega, con motivo de haberse hecho saber a este un nuevo acuerdo del Ayuntamiento de 13 de setiembre anterior, prohibiéndole el descepo y carboneo del terreno en cuestion:

Visto el artículo 62, párrafo 3.o de la ley de Ayuntamientos de 14 de julio de 1840, mandada publicar por Real decreto de 30 de diciembre de 1843, y el art. 81, párrafo 6.o de la ley de 8 de enero de 1843, segun los cuales corresponde á dichos cuerpos el cuidado de los montes del comun:

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839, que prohibe la admision de interdictos de amparo y restitucion contra providencias de los Ayuntamientos sobre cosas de su legill atribucion:

Considerando : 1.° Que si las que dictó el de Navahermosa hubiesen tenido por objeto reparar el daño causado al comun por una usurp:cion mas 6 menos reciente y fácil de comprobar, podrian sin violencia considerarse como actos pertenecientes al cuidado de los montes que las citadas leyes les encargan, y tendria aplicacion al presente caso á favor de la autoridad administrativa la Real órden igualınente citada :

2.° Que no siendo de esta clase la usurpacion presunta que motivó las dichas providencias, puesto que el carboneo en benelicio comun dei terreno disputado, que es el fundamento principal de esta presuncion, se : verificó en 1837 y 1838, es visto que el Ayuntamiento traspasó el limite de sus atribuciones y no puede aplicarse á los mismos la espresada Real órden:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta doble competencia á favor de la autoridad judicial. Dido en Palacio á 4 de noviembre de 1847.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

170.

Cerramientos de tierra de propiedad particular.--Se decide á favor de la autoridad judicial la competencia suscitada entre el Gefe político de Toledo y el Juez de primera instancia de Talavera de la Reina, con motivo del escrito presentado en este juzgado por D. Manuel Arizcun; y se resuelve:

1.° Que la providencia de un Ayuntamiento, anulando el cerl'amiento de terrenos de propiedad particular, no tiene por objeto arreglar el disfrute de los pastos de los mismos, sino salvar el derecho á este aprovechamiento que pretenda corresponder al comun de sus vecinos;

Y 2.° que en este caso no versa el acuerdo del Ayuntamiento sobre cosa de su incumbencia legal, contra la que no pueden admi. tirse interdictos de resiitucion ó manutencion (Coleccion legislativa. -1847.--Tomo 42, núm. 95 ).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe político de Toledu y el Juez de priinera inslancia de Talavera de la Reina, de los cuales resulta: Que D. Manuel Arizcun dispuso cerrar varias suertes de tierra de su propiedad, sitas en el término de Cerralbo, poniéndolo en noticia del alcalde de aquel pueblo: Que convocado en consecuencia por el misino el Ayuntamiento, partiendo este del supuesto de que los pastos y lenas de dichos terrenos eran de comun aprovechamiento, no solo de todos los vecinos de Cerralbo, sino tambien de los demás del ducado de Escalona, entre los cuales habia mancomunidad, declaró nulo en 10 de febrero último el cerramiento anunciado por Arizcun: Que el dia siguiente acudió este interesado á dicho Juez, y fundándose en los títulos de propiedad que presentó de los dichos terrenos, y en el decreto restablecido de las Cortes de 8 de junio de 1813, solicitó y obtuvo de él que por auto de 12 del mismo mes los declarase cerrados y acotados sin perjuicio de las servidumbres á que estuviesen sujetos y se hiciesen constar, para lo cual se fijasen edictos con señalamiento del término de treinta dias: Que noticioso de todo lo dicho el Gefe político, promovió la competencia de que se trata, apoyado en

lo 8.°, párrafo 1.o de la de 2 de abril del mismo año, y en la Real órden de 8 de mayo de 1839:

Vista la primera de estas disposiciones, que atribuye á los Ayuntamientos el arreglo por medio de acuerdos del disfrute de los aprovechamientos comunes:

Vista la segunda, que somete al conocimiento y decision de los Consejos provinciales, cuando pasan a ser contenciosas, las cuestiones relativas al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos comunales:

Vista la tercera, que declara improcedentes los interdictos de restitucion y manutencion contra providencias de los Ayuntamientos, dictadas sobre cosas puestas por la ley á su cuidado:

Considerando: 1.° Que la del Ayuntamiento de Cerralbo, anulando el cerramiento de los insinuados terrenos de la propiedad particular de don

Jos mismos, sino salvar el derecho a este aprovechamiento que aquel cuerpo pretende corresponder al comun de vecinos del ducado de Escalona, por lo cual es visto no tener las dos leyes citadas aplicacion al presente caso:

2.° Que tampoco la tiene la Real órden citada igualmente, porque ni se verilica por lo dicho la primera de las dos condiciones que para ello se requieren de versar el acuerdo del Asuntamiento sobre cosa de su incumbencia legal, ni tampoco la segunda de admitirse contra tales acuerdos por el

ninguna de estas dos clases la accion intentada ante el de Talavera de la Reina por dicho interdicto:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la autoridad judicial. Dado en Palacio á 17 de noviembre de 1847,- Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

171.

Venta de bienes nacionales.-Se declara no haber

ΤΟΜΟ Ι.

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lugar á decidir la competencia suscitada entre el Intendente de Lérida y el Juez de primera justancia de Balaguer, con motivo de espediente instruido á instancia de Jaime Mestres; y se resuelve:

1.° Que no están bien formallas las competencias que provoquen los jueces ó tribunales á la Administracion;

Y 2.° que asimilados á los Gefes políticos por identidad de razon los Intendentes en las competencias relativas á los negocios de su cargo, es privativo de ellos promoverlas en su caso á los jueces y tribunales (Coleccion legislativa.1847.–Tomo 42, núm, 96.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Intendente de Lérida y el Juez de primera instancia de Balaguer, de los cuales resulta: Que vendida en 13 de febrero de 1840 á Jaime Mestres una heredad perteneciente á bienes nacionales, tomó posesion de ella; y observando que dentro de los límites designados en la escritura habia porciones de terreno cultivadas como propias por varias personas, elevó el Intendente la reclamacion oportuna sobre el particular: Que instruido espediente y dicladas en él varias providencias gubernativas, por fin el referido Juez, á instancia de dichos cultivadores, provocó la competencia de que se trata en 14 de agosto de 1846, habiéndose en ella seguido los trámites prefijados por el Real decreto de 6 de junio de 1844:

Visto el Real decreto, cuyas disposiciones parlen todas del supuesto de ser siempre el Gefe político el que promueve estas contiendas:

Considerando: 1.° Que de aquí se sigue no estar bien formadas las que provoquen los jueces ó tribunales á la Administracion:

2.° Que asimilados á los Gefes políticos por identidad de razon los Intendentes en las competencias relativas á los negocios de su cargo, es privativo de ellos por lo mismo promoverlas en su caso á los jueces y tribunales, resultando en consecuencia mal formada la de que se trata:

Oido el Consejo Real, vengo en declarar no haber lugar á decidirla. Dado en Palacio á 17 de noviembre de 1847.-Está rubricado da la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

172.

Casa de bienes nacionales comprada como libre.-Se declara incompetente al Intendente de Salamanca, como autoridad administrativa, en el espediente y autos de competencia suscitada entre el mismo y el Juez de primera instancia de Bracamonte, con motivo de cierta servidumbre á que el Ayuntamiento de Peñaranda suponia estar sujeta una casa de bienes nacionales, comprada como libre por D. Pablo Dieguez; y se resuelve:

1. Que el cornocimiento gubernativo de los Intendentes cesa en estos negocios, cuando la venta se consuma, ó lo que en el efecto tanto vale, cuando la cosa vendida pasa á la pertenencia del que la compra, cuyo tránsito se verifica en las ventas á plazo segun la ley de Partida, luego que la cosa se entrega al comprador;

Y 2.o que siendo de esta clase la venta de bienes nacionales, si acaso tuvieren derecho los Intendentes para conocer en el negocio despues de consumada la venta, seria como jueces de Hacienda, careciendo de él como autoridades administrativas (Coleccion legislativa.-1847.- Tomo 42, núm. 97.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Intendente de Salamanca y el Juez de primera instancia de Bracamonte, de los cuales resulta: Que D. Pablo Dieguez en 12 de marzo de 1844 compró en público remate y como libre una casa sita en Peñaranda de Bracamonte, que habia pertenecido á la iglesia parroquial de aquella villa: Que sabedor de que el Ayuntamiento de la misma suponia estar sujeta á la servidumbre de que se locasen desde ella las campanas de la parroquia por medio de una cuerda que descendia desde la torre, mandó á la inquilina que la quiiase, como lo verificó, impidiendo al dependiente de la iglesia dar los toques cuando se presentó a hacerlo: Que en su vista el Ayuntamiento reclamó contra este hecho ante el referido Juez por medio de un interdicto restitutorio á que este dió lugar, por lo cual Dieguez, después de haber despedido a la inquilina y cerrar la casa, recurrió al Interidente, habiendo resultado de aquí la competencia de que se trata, promovida por esta auloridad:

Vista la disposicion 4." de la Real órden de 30 de noviembre de 1939, segun la cual los espedientes sobre la subasta y venta de los bienes nacionales son puramente gubernativos, mientras que los compradores no estén en plena y pacílica posesion, y terminada la subasta y venta con todas sus incidencias, no estando hasta entonces los compradores en el ejercicio del plexo dominio, ni entrando los bienes en la clase de particulares, y no debiendo por consiguiente antes de esto admitir los jueces ordinarios de primera instancia recursos ni demandas que se refieran á dichos bienes, y á Jas obligaciones, servidumbres ó derechos á que puedan estar sujetos:

Vista la ley 46, título 28, Partida 3.", que para trasferir el dominio por título de venta declara insuficiente la entrega de la cosa vendida si no se paga el precio, á no ser que la venta se haga á plazo, en cuyo caso la sola enlrega de aquella basta para la dicha traslacion:

Considerando: 1.° Que segun la citada Real órden cesa el conocimiento gubernativo de los Intendentes en estos negocios cuando la venta se consuma; ó lo que en el efecto tanto vale, cuando la cosa vendida pasa á la pertenencia del que la compra:

2.° Que este tránsito se verifica en las ventas á plazo segun la ley tambien cilada de Partida, luego que la cosa se entrega al comprador:

3.° Que es de esta clase la venta otorgada á D. Pablo Dieguez, y poseedor este de la casa vendida, como lo demuestran los actos por él ejecutados como tal, disponiendo que quitase las cuerdas de las campanas la inquilina, espulsando despues á esta y cerrando la puerta de la casa:

4.° Que por ello es visto que aunque acaso tenga derecho el Intendente de Salamanca para conocer de este negocio, como Juez de Hacienda, lo cual no toca á S. M. decidir, carece de él como autoridad administrativa, siendo infundada por lo mismo esta competencia por él provocada en tal concepto:

Oido el Consejo Real, vengo en declarar incompetente á dicho Intendente como autoridad administrativa. Dado en Palacio á 17 de noviembre de 1847.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

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