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derado las tropas del ejército del Norte, de varios ganados por el descubierto de suministros; y se resuelve:

· Que no puede decirse bien formaila la competencia, cuando es promovida por una Diputacion provincial (Coleccion legislativa. 1847.— Tomo 42, núm. 89.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre la Diputacion provincial de Navarra y el Juez de primera instancia de Aoiz, de los cuales resulta: Que en noviembre de 1837, tropas del ejército del Norte se apoderaron de varios ganados de propiedad particular en la merindad de Sangüesa por el descubierto de suministros en que esta se hallaba á la sazon: Que formado espediente desde luego ante la comision central de suministros de Navarra, y continuado despues ante la Diputacion provincial, acordó esta la resolucion final que estimó justa, y fundados en ella pusieron demanda contra la insinuda vecindad ante el referido Juez los dueños de los ganados sobre pago á prorata de su importe : Que solicitada por los representantes de aquella la inhibicion del Juez, promovió al mismo en 17 de julio de 1844 la espresada Diputacion provincial esta competencia, en cuyos trámites se guardó lo prescrito en el Real decreto de 6 de junio de aquel año:

Visto este Real decreto, segun el cual únicamente los Geles políticos pueden en su caso provocar esta clase de compentencias:

Considerando que la de que se trata fué promovida por la Diputacion provincial de Navarra cuando ya regia el citado Real decreto, por lo cual no puede decirse bien formada :

Oido el Consejo Real, vengo en declarar que no há lugar á decidir esta competencia. Dado en Palacio á 27 de octubre de 1847.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

163.

Recobro de posesion: juicio petitorio sobre deslinde de términos.-Se decide á favor de la autoridad judicial la competencia suscitada entre el Gere político de Alicante v el Juez de primera instancia de Denii, con motivo del juicio sobre propiedad de cierto terreno, cuya posesion habia recobrado el Avuntamiento de Jabea; y se resuelve :

Oue aun cuando la cuestion directa de propiedad en estos casos, sea indiablemente una cuestion relativa al deslinde de términos, no puede sin embargo graduarse de cuestion administrativa (Coleccion legislativa.—1847.–Tomo 42, núm 90.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Alicante y el Juez de primera instancia de Denia, de los cuales resulta: Que recobrada por el Ayuntamiento de Jabea, la posesion de la partida denominada Plana de San Gerónimo, mediante un auto restitulorio que a su instancia proveyó el referido Juez en 22 de mayo de 1844 contra el Ayuntamiento de la insinuada ciudad de Denia, colindante de dicha villa, promovió este cuerpo, con autorizacion del Gefe político, el juicio pelitorio en 9 de marzo de 1846: Que el Ayuntamiento demandado opu

so la escepcion de incompetencia suponienilo pertenecer á la Alminis, tracion toda cuestion de deslinde de términos jurisdiccionales, y ser de esta clase, y no de propiedad, la planteada por el Ayuntamiento demandante, segun resultaba de las escrituras de venta que presentó de varias piezas de tierra de dicha partida otorgadas entre particulares: Que desestimada por el Juez esta escepcion, provocó el Gere político la competencia de que se trata :

Vistu el párrafo 6.o, artículo 8.o de la ley de 2 de abril de 1845, segun el cual corresponden a la Allininistracion las cuestiones relativas al deslinde de los términos de pueblos y Ayuntamientos cuando estas cuestiones proceden de una disposicion administrativa:

Considerando: 1.° Que aun mirada la cuestion promovida por el Ayuntamiento de Denia como una cuestion directa de propiedad, es indudablemente una cuestion relativi al deslinde de los términos de dicha ciudad y la villa de Jabea, porque su decision ha de traer consigo esto deslinde:

2.° Que no por eso puede graduurse de cuestion administrativa, porque para que lo sean las ile esti clase es preciso, segun la citada ley, que procedan de una disposicion de la Administracion, y no se cita ninguna en el presente caso:

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la autoridad judicial. Dado en Palacio á 27 de octubre de 1847.-Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

166.

Roturaciones hechas en terrenos de pastos.Se decide a favor de la Administracion la competencia suscitada entre el Gefe político de Madrid y el Juez de primera instancia de Torrelaguna, con motivo de la denuncia hecha por el procurador fiscal de la ganaderia; y se resuelve:

Que el encargo hecho á los Gefes politicos de impedir que las autoridades locales ni otra persona alguna pongan obstáculos para el goce de los derechos de la ganaderia,' envuelve indudablemente la privativa facultad de prestar á la misma la proteccion á que tenga derecho (Coleccion legislativa.—1847.- Tomo 42, núm. 91.).

En el espediente y autos de coinpetencia suscitada entre el Gefe politico de Madrid y el Juez de primera instancia de Torrelaguna, de los cuales resulta : Que el procurador fiscal de ganadería denunció ante el referido Jucz varias roturaciones hechas en terrenos de pasto; mas practicadas diferentes diligencias á consecuencia de esta denuncia, el mismo procurador que la hizo pidió al Juez que se inbibiese, y desestimada por él esta solicitud, promovió el Gefe político la competencia de que se trata:

Vista la Real órden de 13 de noviembre de 1844, que pone al cuidado de los Gefes políticos la observancia y cumplimiento de to las las disposiciones que declaran á favor de la ganadería el libre uso de las cañadas, cordeles, abrevaderos y demás servidumbres pecuarias con todas las concesio. nes que están dispensadas á esta industria por la ley y varias Reales órdenes, y les encarga que por todos los medios que estén al alcance de su autoridad, impidan que las locales ni otra persona alguna pongan obstáculo de ninguna especie para el goce de los derechos doclarados y amparen á los gà. naderos con arreglo á las leyes:

Considerando que este encargo envuelve indudablemente la privativa facultad de prestar a la ganadería la proteccion á que tenga derecho en casos como el de que se trata :

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia a favor de la Administracion. Dado en Palacio á 27 de octubre de 1847.- Está rubricado de la Real mano.-El Ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

167.

Terrenos del comun dados en enfiteusis.-Se decide á favor de la Adminisrracion la competencia suscitada entre el Gefe politico de Badajoz y el Juez de primera instancia de Mérida, con motivo de haber subastado el Ayuntamiento de Lobon las tierras que habia dado en enfiteusis; y se resuelve:

1. Que cuando no se ha consignado en la correspondiente escritura la concesion en fitéutica hecha por un Ayuntamiento, no puede esta producir con la entrega el efecto de segregar á favor de los concesionarios el dominio útil del directo :

2.° Que en su consecuencia puede dicho Ayuntamiento mirar las rastrojeras de las tierras repartidas como un aprovechamiento comun, y arrendarlas;

Y 3. que en caso de ser digna de reforma esta providencia, no toca al Juez dictarla por medio de un auto restitutorio, siro al superior inmediato del Ayuniamiento, que es el Gefe politico (Coleccion legislativa.1847.- Tomo 42, núm. 92.)

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el Gefe politico de Badajoz y el Juez de primera instancia de Mérida, de los cuales resulta: Que dadas en enfiteusis en 1838 á vecinos de la villa de Lobon varias porciones de tierras sitas en su término, y pertenecientes al comun de la misma, su Ayuntamiento, fundado en que esta concesion no habia producido efecto, entre otras cosas, porque no se habia otorgado la correspondiente escritnra sobre ella, acordó en 24 de mayo de 1843 se subastasen las rastrojeras de estas tierras : Que en consecuencia de este acuerdo probibió el Alcalde á D. Pedro Pizarro Barrena introducir su ganado en la parte de ellas de que era poseedor para disfrutar el insinuado aprovechamiento : Que considerándose despojado por ello, recurrió al referido Juez por medio de un interdicto restitutorio, á que este en vista de lo que informó el Ayuntamiento no dió lugar, y sí la Audiencia del territorio en apelacion, ocasionando la competencia de que se trata, promovida en 16 de julio de 1845 por el Gefe político:

Vista la ley 28, título 8.9, Partida 5.", segun la cual es nulo el contrato enfitéutico si no se hace por escrito:

Visto el art. 80, párrafo 2.o de la ley de 8 de enero de 1845, que atribuve á los Ayuntamientos el arreglo por medio de acuerdos del disfrute de los pastus y demás aprovechamientos comunes :

Vista la Real órden de 8 de mayo de 1839, que no permite la admision de interdictos de la dicha clase contra providencias de los Ayuntamientos en lo de su incumbencia :

Considerando: 1.° Que no habiéndose consignado en la escritura correspondiente la mencionada concesion enfitéutica, no pudo esta, segun la primera de las citadas leyes, producir con la entrega el efecto de segregar á favor de los concesionarios el dominio útil del directo, por lo cual es visto que a pesar de este contrato conservó el comun de Lobon el dominio pleno de las tierras que en su virtud se repartieron :

2.° Que por ello pudo el Ayuntamiento de aquella villa mirar las 'rastrojerar de las mismas como un aprovechamiento comun, y dar, segun el artículo y párrafo citados de la otra ley, la providencia que motivó el interdicto intentado por D. Pedro Pizarro Barrena :

3.° Que si esta providencia era acaso digna de reforma, no tocaba al Juez dictarla por medio de un acto restitutorio contrario á la Real órden citada tambien, sino al superior inmediato del Ayuntamiento, que es el Gefe político de la provincia :

Oido el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion. Dado en Palacio á 29 de octubre de 1847.-Está rubricado de la Real mano.-El ministro de la Gobernacion del Reino, Luis José Sartorius.

168.

Venta de bienes raices por un deudor á la Hacienda pública.-Fuero de estranjería.-Se decide á favor de la Administracion la competencia suscitada entre el juzgado de la Capitanía general de Cataluña y la Intendencia de Barcelona, con motivo de haberse embargado por esta á Francisco Chavanne los bienes raices que habia comprado á José Buch y Conselles, y se resuelve:

1.° Que la hipoteca tácita establecida por la ley es una garantia que la misma á la Hacienda pública sin respeto alguno á que el cargo de cobrador de las contribuciones constituya por un empleo, o se agregue á otro de distinta naturaleza:

2. Que por esta razon es indudable, que cuando los Ayuntamentos tienen sobre si dicho cargo, están sujetos á la hipoleca en cuestion los bienes de sus individuos, de la misma manera que lo estarian los de los empleados particulares que en su lugar nombrase el Gobierno para esta cobranza;

3.° Que aun cuando los Ayuntamientos tengan en la materia una responsabilidad personal, no por eso es menos cierta tambien la obligacion hipotecaria;

Y 4.° que existiendo esta, los negocios que con su motivo se agiten son gubernativos, ya se dirija el apremio contra el mismo deudor, ya contra un tercero que posea bienes tácitamente hipotecados á la seguridad de la deuda (Coleccion legislativa.-1847.-Tomo 42, núm. 93.).

En el espediente y autos de competencia suscitada entre el juzgado de,

Ja Capitanía general de Cataluña y la Intendencia de Barcelona, de los cuales resulta: Que José Buch y Conselles, deudor de 23,502 reales vellon á la Hacienda pública en el concepto de Alcalde de Pineda, y cobrador á un tiempo de las contribuciones ordinarias impuestas á aquel pueblo en 1837, vendió sus bienes raices en 7 de abril de 1845 á Francisco Chavanne, guantero francés, residente en dicha ciudad: Que embargados al mismo en 23 del siguiente julio por disposicion del Intendente de la provincia, reclamó el fuero de estranjería ante el referido juzgado, el cual, habiendo acogido esta reclamacion como fundada, por no envolver á su juicio la responsabilidad de los Ayuntamientos en la materia la hipoteca tácita en que se apotitba el apremio espedido por el Intendente, propuso á este la inbibicion, resultando la competencia de que se trata :

Vista la ley 25, título 13, párrafo 5,', segun la cual están hipotecados tácitamente a favor de la Hacienda pública los bienes de los cobradores de contribuciones:

Vista la Real instruccion de 18 de octubre de 1824, y con especialiilad el art. 1.o, que impone á las justicias y los Avuntamientos mancomunadamente la doble obligacion de cobrar las contribuciones y entregar su importe en la tesorería de la provincia, ó en la depositaria del partido: Los artículos 1.o y 6.° que autorizan á dichos cuerpos para nombrar cobradores al principio de cada año, pudiendo recaer en individuos de su seno este nombramiento: El art. 9.o, segun el cual los espedientes sobre cobranzas de contribuciones ó haberes de la Hacienda pública se consideran siempre como asuntos gubernativos, y no pueden pasar á la clase de contenciosos, sin que preceda el pago ó la consignacion en la tesorería ó depositaria de rentas de la cantidad que se demanda: El art. 10, que atribuye privativamente á los Intendentes de provincia en la suya respectiva, la jurisdiccion y autoridad para espedir las ejecuciones y apremios sobre dicha cobranza: Los artículos 28 y 29, segun los cuales, despachado uno de estos contra un Ayuntamiento, deben presentarse sucesivamente el individuo de primer voto y el que le siga en órden en clase de arrestados ante el Intendente ó Subdelegado quele hayan espedido, si no hicieren constar el pago al comisionado en el término que alli se prelija:

Vista la Real instruccion de 15 de julio de 1829, y particularmente el artículo 29 que confirma los indicados 28 y 29 de la anterior, y asimismo el 38 y último, que declara vigentes todos los decretos, Reales órdenes é instrucciones y reglamentos anteriores en lo que á ella no se opongan:

Considerando: 1.° Que la hipoteca tácita establecida por la citada ley es una garantía que la misma dá á la Hacienda pública sin respeto alguno á que el cargo de cobrador de las contribuciones constituya por sí un empleo, ó se agregue á otro de distinta naturaleza, porque claro está que la ley no puede tomar en cuenta una diferencia como esta del todo material y estraña á su único objeto, que es asegurar el resultado del referido cargo :

2.° Que por ello es indudable, contra lo que opina el juzgado de la Capitania general de Cataluña, que teniendo dicho cargo sobre sí los Ayuntamientos en virtud del insinuado art. 1.o de la instruccion de 18 de octubre de 1824, están sujetos á la hipoteca en cucstion los bienes de sus individuos de la misma manera que lo estarian los de los empleados particulares que en su lugar nombrose el Gobierno para esta cobranza:

3.° Que tampoco es buena razon para impugnar esta hipoteca la que añade á la insinuada aquel juzgado, diciendo que las citadas instrucciones del 24 y 29 imponen a los Ayuntamientos en la materia una responsabilidad

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